Las denuncias por corrupción en la Universidad Distrital han provocado que los estudiantes se lancen a las calles a protestar contra la falta de soluciones en el claustro. Sin embargo, como pasa tantas veces cuando se decide acudir a las vías de hecho para presionar las decisiones administrativas que se demoran, las protestas derivaron en actos vandálicos y de violencia, que se exacerbaron cuando el Esmad también se excedió, como tantas veces lo hace, en la labor de repeler a los que cometieron los desmanes.
Los ánimos caldeados en Bogotá empezaron desde el lunes cuando comenzó el paro de transporte. La noche anterior un video que circuló en redes sociales previno de que iban a quemar buses si era necesario y esto llevó a que se cancelaran clases en decenas de colegios, porque los rectores y profesores temieron que algo pudiera pasar. Faltó que la autoridad informara sobre la realidad de ese video y que garantizara la seguridad. A esa protesta que bloqueó unas cuantas vías se sumó la de los estudiantes de la Distrital ese día, y hubo violencia en algunos sitios.
El tema se puso más pesado el martes, cuando a la protesta de los estudiantes de la Distrital que quieren que haya acciones contra el exdirector del instituto de Extensión de la universidad Wilman Muñoz Prieto, acusado por la Procuraduría de mal manejo de unos 10 mil millones de pesos, se sumó la Universidad Pedagógica, en cuyo sector se presentaron tantos desordenes que terminaron por afectar al menos 271 buses, según lo indicado por las autoridades bogotanas. La Universidad Javeriana, vecina de la Distrital, resultó también afectada por los violentos actos y llegaron gases lacrimógenos hasta el Hospital San Ignacio, que funciona dentro de su sede. Por eso, estudiantes de esta institución privada protestaron pacíficamente contra el Esmad, por el exceso en sus actuaciones, de las que fueron testigos.
El Estado, como se está volviendo repetitivo, ha actuado de manera poco clara y por eso termina solo interviniendo con el Esmad, que no mide su actuación y afecta a ciudadanos que nada tienen que ver con la situación de desborde. Entonces, por un lado los vándalos deslegitiman la protesta a la que tienen derecho los estudiantes y por el otro, el Esmad, al reaccionar de esa manera, pone en duda el principio de autoridad al que puede acudir el Estado para lograr que no se afecte el orden público.

No tiene ningún sentido que la tranquilidad ciudadana y universitaria se vea afectada porque una protesta deriva en acciones violentas o, peor aun, que la gente que no tiene nada que ver con los reclamos resulte perjudicada porque la autoridad se excede en sus procedimientos. El problema crece cuando cualquiera difunde peligrosos mensajes amenazantes contra la sociedad en general y las autoridades no toman el toro por los cuernos y salen a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Parece que estamos lejos de que las discusiones en este país puedan resolverse de manera pacífica y haciendo uso de la dialéctica. Es necesario generar espacios en los que se permita el diálogo entre quienes reclaman y quienes toman las decisiones, que se garantice el derecho a la protesta social, pero que también se asuma que cuando esta deriva en afectaciones al orden público alguien tiene que responder por ello. Así como por los desafueros del Esmad es el Estado el responsable.