Colombia perdió tiempo precioso con la discusión inane alrededor de las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Aunque para un amplio sector de la opinión las matemáticas del flamante presidente del Senado, Ernesto Macías, no cuadran, y las objeciones fueron hundidas desde la misma noche del martes, será la Corte Constitucional la que determine si esa ley como fue aprobada el año pasado debe ser sancionada por el presidente de la República, Iván Duque, o si los seis artículos que fueron objeto de los reparos presidenciales terminarán eliminados, como es la teoría de quienes estaban a favor de las objeciones.
Lo cierto del caso es que durante cerca de tres meses el Congreso se enfrascó en discusiones con relación al sentido de las observaciones del Ejecutivo, sin avanzar casi nada en proyectos de ley fundamentales para el futuro del país, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo (PND), que terminó aprobado el jueves en un debate a las carreras, a pupitrazo limpio, ante la obligatoriedad de que el 7 de mayo esté en manos del mandatario nacional para su sanción. Reformas clave como la de la justicia y la política, entre otras iniciativas fundamentales, terminaron hundidas como consecuencia de las inconvenientes tensiones generadas por las objeciones a la JEP.
Una discusión tan larga y acalorada sobre ese asunto no solo se constituyó en una gran pérdida de tiempo, sino que también significó profundizar la polarización en contra de la cual Duque juró luchar en su discurso de posesión. Además de esta palpable incoherencia, el debate en ese sentido puso al país en contravía de las posibilidades de lograr en el futuro la paz anhelada, y por el contrario se acercó al límite en el que podría reactivarse un conflicto con la exguerrilla de las Farc. Cuando el acuerdo se ha traducido en ahorro de numerosas muertes violentas en el país, entre otros muchos beneficios, es totalmente inconveniente buscar hacerlo trizas.
La discusión acerca de la cantidad de votos que en este caso representarían la mayoría absoluta en el Senado tiene mejores argumentos del lado de quienes arguyen que los 47 votos en contra de las objeciones eran los necesarios para hundirlas, y no los 48 en los que insiste Macías. Como ya en la Cámara las objeciones habían sido derrotadas de manera arrolladora, no tiene mucha lógica que los 34 votos que las respaldaron en la plenaria del Senado terminen dándoles vida, como se pretende por la bancada de Gobierno. 
Peor aún cuando esto ocurre en medio de las denuncias de supuesta "mermelada" para congresistas que terminaron apoyando las objeciones, tomando en cuenta que antes habían manifestado una posición contraria. Por eso es que algunos ya comienzan a comparar este escenario con la llamada "yidispolítica", aunque guardan la esperanza de que la Corte les dé la razón acerca de que 47 votos son mayoría, luego de considerar impedimentos y curules no cubiertas en esa corporación.

Se espera un análisis juicioso y profundo del alto tribunal que aporte claridad diáfana acerca de los alcances y atributos de la Justicia Especial para Paz en su tarea de juzgar hechos del conflicto armado anteriores al 1 de diciembre del 2016. La misma Corte había manifestado que sin importar cuál fuera la decisión del Congreso las objeciones deberían ir a su revisión, por lo que esperamos una determinación sensata, con profundo sustento jurídico. Ojalá sea un pronunciamiento pronto, ya que mantener a la JEP en el limbo es altamente inconveniente para el país. Y que, cualquiera sea la determinación del alto tribunal sea respetada y acatada por todos, sin que surjan nuevos ataques y reproches que solo hacen mal.