Gran revuelo viene causando en el país la confesión de la cúpula de la exguerrilla Farc acerca de su participación en el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá, donde era catedrático. Para sustentar esa supuesta verdad, los excomandantes deberán aportar todos los elementos que permitan corroborarla; si no es así tendrán que ser expulsados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) por mentir ante esa instancia, lo cual los llevaría a penas de hasta 40 años de prisión en la justicia ordinaria.
Las investigaciones realizadas durante este tiempo por la Fiscalía apuntaban a tres hipótesis fundamentales: que fue un homicidio de narcotraficantes de ese momento; que fue cometido por militares como retaliación porque Gómez Hurtado no colaboró con un supuesto golpe de Estado contra el expresidente Ernesto Samper, y la tercera: que fue un crimen de Estado gestado por Samper para tratar de desviar la atención del famoso Proceso 8.000, relacionado con el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del entonces mandatario. Ninguna de estas hipótesis ha logrado resultados concluyentes. La última versión es la que la familia del líder asesinado considera la más fuerte ante este crimen de lesa humanidad, cuyos términos no fenecen.
La actual sorpresa es porque nunca antes había surgido la hipótesis de que las Farc tuvieran algo que ver con ese hecho execrable, del cual la excongresista Piedad Córdoba dice haber conocido desde hace mucho tiempo. La justicia tendrá que investigarla por su silencio que, en este caso, puede ser calificado como cómplice.
Como sea, al ser confesado este hecho ante la JEP esa instancia judicial deberá establecer si este crimen estuvo ligado al conflicto armado, y en ese caso tendría competencias para investigar. Ahora bien, la Fiscalía deberá seguir con sus indagaciones y tener en cuenta todos los elementos de juicio, incluidas las nuevas revelaciones, porque finalmente el objetivo debe ser alcanzar la verdad. En caso de producirse un conflicto de competencias entre la JEP y la Fiscalía será la Corte Constitucional la que resuelva las dudas.
Lo cierto del caso es que el conflicto armado colombiano está plagado de situaciones confusas, en las que la autoría y móviles de numerosos crímenes siguen sin esclarecerse. El hecho de que ante la JEP se produzcan este tipo de confesiones, que obviamente deberán ser muy bien contrastadas, resulta ser un aporte interesante para observar todas las aristas de tales situaciones a lo largo de la historia.
En ese mismo sentido, la Comisión de la Verdad puede reunir los elementos necesarios para tejer una verdad más completa acerca de lo ocurrido durante décadas de confrontaciones, es el camino acertado que el país necesita recorrer para comprender lo ocurrido y poder salir del círculo vicioso de violencia en el que nos encontramos desde mediados del siglo pasado. Ojalá pudiera resolverse pronto el magnicidio de Gómez Hurtado, pero también los demás magnicidios cometidos en el país que siguen sin hallar aún a sus autores.
