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La crisis institucional que se vive en Perú por cuenta del enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, en torno entre otros temas al control del poder Judicial, nos muestra otra cara de la necesidad de respetar los procesos democráticos. En este caso, el enfrentamiento que se comenzó desde el 2016 y que les costaron los cargos al presidente Kuczinsky así como a Keiko Fujimori, llegó a este extremo que tiene al país en una situación inédita con dos mandatarios, uno por cuenta de la vacancia de poder ante la caída del mandatario elegido por las mayorías, y la otra porque al ordenarse el cierre del Congreso como lo autoriza un artículo de la Constitución, el legislativo contraatacó encargando a la Presidencia a la vicepresidenta.

La división de poderes que diseñó Montesquieu tiene asidero en la necesidad de que ninguna de las ramas del poder público se desborde en sus funciones y tenga contrapesos. Es una forma simple, que ha permitido que se extienda por más de 200 años la democracia demoliberal. Al decir de Churchill la democracia es un sistema imperfecto, pero es el menos imperfecto de todos los sistemas y seguro que así es. Por eso los problemas de la democracia no se deben resolver con más participación, con mayor uso de las herramientas que da la constitucionalidad y la legalidad, con más democracia y no con menos.

El presidente Martín Vizcarra hizo uso de un extraordinario poder que le confiere la Constitución de cerrar el Congreso y llamar a elecciones, esto porque el legislativo se opuso dos veces a la solicitud que hizo el Gobierno de cambiar el mecanismo de elección de jueces constitucionales. El Congreso hizo caso omiso de la solicitud y prefirió hacer un nombramiento exprés de magistrados, con el fin de inclinar la balanza a su favor, cuando se vienen nuevas delaciones de la relación de políticos de ese país favorecidos con la corrupción de Odebrecht. La conducta del Congreso la cuestionó la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Qué lección más importante para los países democráticos lo que se está presentando en Perú y que nos muestra los problemas que entraña el jugar con las constituciones y con la institucionalidad que aquellas defienden. Perú ha intentado restarle al presidencialismo tan afecto a nuestros territorios e intentar una mixtura entre régimen parlamentario y régimen presidencial, y en esa amalgama se dan situaciones como la actual, en un país que tiene investigados a cuatro expresidentes por vínculos con el macroescándalo latinoamericano de Odebrecht.

Esto sucede justo cuando en Colombia algunos alegres congresistas acaban de proponer que los fallos de la Corte Constitucional sean sometidos a la ciudadanía, lo que parece absurdo. No tiene ningún sentido generar este tipo de situación que pondrá en tela de juicio todo el andamiaje jurídico del país. Uno puede estar a favor o en contra de las decisiones constitucionales, pero lo que no se puede hacer es generar una especie de estado de opinión en el que el parecer de las mayorías se imponga, cuando la democracia vale precisamente por la defensa de los pensamientos minoritarios tanto como por el gobierno de esas mayorías.