El Senado boliviano aprobó el primer trámite para convocar elecciones generales, luego de que la presidenta interina, Jeanine Áñez, le pidió al Legislativo establecer una fecha para su realización. La pelota quedó en manos de la Cámara de Diputados, que deberá debatir el proyecto de ley que establece un marco normativo para los comicios, en el que se cierra toda posibilidad de que el expresidente Evo Morales o el exvicepresidente Álvaro García Linera puedan ser candidatos. 
En el Senado, curiosamente, la iniciativa legislativa tuvo el respaldo de los seguidores de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), pero es incierto lo que pase en la Cámara, donde los parlamentarios afines al exmandatario son mayoría. Para enrarecer aún más el panorama, la carta de renuncia de Morales todavía no ha sido aceptada por la Asamblea Legislativa, por lo que su regreso no está descartado. Entre tanto, Áñez ya anunció que si no hay aprobación en la Asamblea ella establecerá una fecha por decreto para las elecciones.
Lo complejo es que las tensiones del gobierno interino con los partidarios de Morales se incrementan en lugar de apaciguarse, cerrándose cualquier posibilidad de acuerdo político para hallar una salida. No obstante, todo indica que la mejor opción en la actual coyuntura es el diálogo.
En la calle la situación es aún más complicada, por los permanentes enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes que argumentan que se dio un golpe de Estado al obligar a Morales a renunciar. Inclusive hay un balance de 34 personas muertas, según la Defensoría del Pueblo, en los choques con militares, hechos que le han dado argumentos al exmandatario para alentar las protestas y hablar de "masacre". La realidad es que hoy los enfrentamientos han causado que el 80 por ciento del transporte público no funcione y que escaseen las frutas, las hortalizas y productos cárnicos, como el pollo.
Ahora bien, antes de las elecciones deberá renovarse la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con magistrados que brinden las garantías de equilibrio y credibilidad en la planeación y ejecución del proceso, que de acuerdo con la Constitución, en casos intempestivos como el actual, tiene que realizarse durante los 90 días posteriores al fin del mandato del titular. La Organización de Estados Americanos (OEA) también está haciendo un llamado a acelerar los comicios.
El panorama es bastante confuso. Por un lado, es real que tras 14 años en el poder, Morales burló un plebiscito que le impedía ser candidato de nuevo y logró que el TSE le permitiera ser aspirante a un nuevo periodo de 5 años. También es cierto que las elecciones del 20 de octubre fueron manipuladas para forzar su triunfo, como lo corroboró una misión de la OEA. Sin embargo, la presencia de Áñez en la Presidencia no ha sido afortunada, al haber emitido un decreto que exime a los militares de cualquier responsabilidad penal en el proceso de represión de la protesta, lo que podría fomentar excesos de fuerza y violación de derechos humanos.

La propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, también se ha mostrado preocupada con la posible represión violenta con impunidad que se fomenta, y por el desconocimiento de estándares internacionales de derechos humanos. Otras organizaciones exigen que ese decreto sea eliminado. Es el caso de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Desde la Iglesia Católica y desde la Unión Europea se clama por una mediación que acabe con las violencias y avanzar así hacia una salida negociada del conflicto para lograr la pacificación del país. Se requieren decisiones rápidas para salir de la peligrosa incertidumbre.