La Corte Constitucional, que hace cuatro años limitó el uso del glifosato en Colombia, viene reuniendo información y conceptos con el propósito de pronunciarse de fondo y dejar las cosas completamente claras y definidas en ese aspecto. Expertos señalan que el herbicida produce cáncer, aumenta la mortalidad infantil y genera problemas respiratorios y dermatológicos, y que se afectan las fuentes de agua, vegetación y animales. Otros aseguran que un manejo adecuado de esa sustancia no representa peligro, y que de hecho es usado con frecuencia por todos los agricultores en Colombia para hacerles frente a las malezas en los diferentes cultivos.
Entre los citados por el alto tribunal para entregar sus puntos de vista y tomarlos en cuenta en su dictamen están el presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos, quienes tienen visiones divergentes al respecto. Ante los magistrados, el pasado jueves, Santos aseguró que el glifosato es un "veneno" para la población civil, y que la estrategia de lucha contra las drogas ha sido "ineficaz e ineficiente". El exmandatario, quien hace parte de la Comisión Global de Política de Drogas, argumentó que esas fueron razones que lo llevaron hace cuatro años a suspender las aspersiones aéreas con glifosato, además de considerar que el mejor camino para la erradicación de cultivos ilícitos son los programas de sustitución voluntaria.
En la otra orilla se ubica el presidente Duque, quien le pidió a la Corte modular la sentencia que regula el uso del herbicida e instó a que se haga un “uso integral de las herramientas” para combatir el narcotráfico. Se refirió a estudios que señalan que los cultivos ilícitos vienen en expansión constantemente desde 2013, cuando había 48.000 hectáreas registradas, mientras que para el 2017 ya estaban en 171.000 hectáreas. Argumentó que esta situación causa un "daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medioambiente”, y que la única manera de recuperar la seguridad en amplias zonas del país en donde crecen los cultivos ilícitos es ejecutando una lucha frontal que incluya el uso del glifosato. 
En el 2017 el alto tribunal estableció que la única forma de reanudar el programa de fumigación con glifosato era a través de una investigación científica, que demostrara en forma concluyente que el uso del químico no daña la salud y el medioambiente. El gran dilema para la Corte es que al mismo tiempo que se busca reducir los cultivos ilícitos y ponerle freno al narcotráfico, hay miles de familias de campesinos cuya subsistencia se pone en peligro y a las que habría que brindarles alternativas rentables que las alejen de la economía ilegal. Tal vez haciendo el uso del herbicida, con todas las precauciones, se logren resultados.
El glifosato, como herbicida, es de uso común en casi todo el mundo, y su manipulación con los elementos de protección adecuados no representa un riesgo mayor para quienes tienen contacto con él. La aspersión aérea, por el contrario, no permite un control adecuado del químico y no solo puede afectar fuentes de agua o plantaciones de alimentos aledañas a los cultivos ilícitos, sino que hay dudas razonables de afectaciones en la salud de quienes les cae del cielo ese veneno.

Por otra parte, según estadísticas oficiales, la eficiencia de la aspersión de glifosato en la erradicación de los cultivos de coca es muy pobre, por lo que insistir en este costoso procedimiento no parece que sea la solución para enfrentar el problema. Lo ideal es insistir en los programas de sustitución voluntaria, dando apoyo y soporte a quienes opten por esta vía, de manera que sean una opción real de subsistencia para los campesinos, y simultáneamente lucha frontal contra los traficantes.