Desde el 30 de diciembre el Ministerio de Justicia divulgó el proyecto de decreto que pretende reglamentar el uso del glifosato en Colombia. Actualmente el Gobierno recibe comentarios con el fin de ajustar el documento y emitirlo de manera oficial en próximas semanas. Con esta reglamentación se busca que queden legalizadas las aspersiones del químico sobre plantaciones de coca y demás cultivos ilícitos, y de esa manera reducir rápidamente las hectáreas que actualmente hay en el país, sobre todo en los departamentos del sur, y buscar su erradicación total en los próximos años.
De manera paralela, en el Congreso de la República se impulsa desde el año pasado una iniciativa que pretende prohibir el uso del glifosato en Colombia, idea que se basa en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que advierte acerca de posibles efectos negativos para la salud humana. Echan mano, además, de casos específicos como la sanción a la multinacional Monsanto por un caso de cáncer padecido por un jardinero en los Estados Unidos, como consecuencia del uso del químico. Señalan también que varios países del mundo lo han prohibido como medida de precaución.
Ahora bien, el glifosato es un componente esencial de la agricultura mundial, y Colombia no es la excepción. Toda clase de cultivadores en el país lo usan para el control de malezas y optimizar los efectos de los nutrientes en las plantas. De hecho, es usado por los caficultores bajo nombres comerciales desde hace décadas y está comprobado que, si se usan los debidos equipos de protección y las precauciones necesarias, no se tendrán efectos perjudiciales. Incluso, sería muy conveniente para todo el sector que el Gobierno reglamente su uso, para garantizar las condiciones seguras con las que puede usarse.
La Corte Constitucional ha fijado unos parámetros mínimos para su uso, los cuales están descritos en la Sentencia T-236 del 2017 y el Auto 387 de julio del 2019, documentos en los que se pide que se tengan en cuenta esquemas especiales de prevención. En ese sentido, las aspersiones podrán hacerse usando herramientas de mayor precisión como drones o avisando con anticipación a las comunidades acerca de las aspersiones para que puedan protegerse. Es posible establecer protocolos con los que haya efectividad en el procedimiento sin poner en riesgo la salud de animales y personas, y sin afectar cultivos legales.
Se ha debatido acerca de los costos de los procedimientos usados, pero sin precisar qué tan efectivos son los de aspersión y los de erradicación manual. Es importante que se dé ese debate y se vean los alcances de unos y otros. Creemos que los mejores resultados podrían derivarse de una combinación de estrategias, en las que se use el glifosato con restricciones precisas, y al mismo tiempo se les brinden opciones de sustitución a los pequeños cultivadores, y así puedan garantizar ingresos para mejorar sus condiciones de vida. Por ello, debe pensarse en una estrategia integral que avance rápidamente en la erradicación de cultivos ilícitos a la par con el apoyo a cultivos lícitos que mejoren la economía campesina. También una mayor presencia del Estado con programas de salud, educación y desarrollo social, en general.

La coyuntura exige actuar con rapidez en contra de los cultivos ilícitos. De eso no hay duda, sin embargo, sigue en el tapete el debate acerca de si la actual estrategia de persecución al narcotráfico y sus materias primas sea la estrategia correcta, ya que en cerca de cinco décadas no hay avances reales. Tal vez sea el momento de pensar en atacar la enorme renta de los traficantes haciendo uso de herramientas económicas, una regulación del mercado que les baje la rentabilidad y haga menos atractivo el negocio.