Lo que debía ser una oportunidad para el desarrollo de la industria caldense se sumó a las frustraciones de esta región. Se trata de la llamada Zona Franca Andina, cuyo proceso de liquidación se terminó a finales del año pasado después de muchos tumbos. El desconsolador resultado de este proyecto tiene que ver con la mala planeación, las terquedades de algunos administradores públicos y la seguidilla de malas decisiones. Al final solo quedó como opción la liquidación, pero ni así se logró salvar toda la inversión pública. Los 6 lotes enajenados por el liquidador sumaron 11 mil 100 millones de pesos, pero quedaron pendientes de venta 8, en poder de los infis.
Los institutos de financiamiento de Manizales y Caldas han sufrido la desfinanciación por cuenta de decisiones como esta. Los mandatarios de turno, presidentes de sus juntas directivas, los han llevado a meterse en negocios que terminaron siendo fiascos. Por esto es que desde su creación hemos defendido que en estos infis se nombre tanto en su gerencia como en sus juntas a personas que decidan con criterio técnico, como se supone que debe ser, y no con el carácter político, que enturbia los procesos. Porque así es como terminamos en estos líos, que se traducen en pérdidas para las arcas del Estado.
Las entidades públicas deben ser facilitadoras, acompañar los procesos, apalancar, pero la toma de riesgos inmobiliarios, como en este caso, no debe ser su función. La racionalidad de las inversiones oficiales no permite que la gestión asuma imprevistos que son propios de la inversión privada, lo que al final se traduce en supuestos ahorros que no dejan avanzar los proyectos. En una zona franca debe primar es el interés privado. Por ponerse de redentores, fue como se llegó al punto de que un alcalde cuestionaba al gerente por los viajes en los que debía promover la venta de lotes y que otro se encaprichó con ejecutar el proyecto donde sus convicciones personales le decían, que fue finalmente en donde se hizo, y no atendió a los argumentos de que esta estructura debía estar en otra zona con mejor conectividad.
De este proceso deben quedar lecciones aprendidas para la ciudad, para los gobernantes y para los empresarios, que tampoco advirtieron a tiempo lo que podía suceder. Ojalá sirva esta historia para que quienes aspiran a ocupar cargos públicos entiendan la importancia que tiene respetar los argumentos técnicos y ajustar, en estos bancos de segundo piso, las inversiones a lo que realmente tenga retorno, a lo que tenga los estudios suficientes para avanzar, a ser impulsor, pero no el propietario de cuanto proyecto aparezca.

Con decisiones como la de zona franca se desfinanciaron los infis, sobre todo el de Manizales, que tantos proyectos ayudó a sacar adelante en otra época, pero que ha sufrido las consecuencias por las malas inversiones que se dieron en su momento y porque no hubo criterio para participar en buenos proyectos. Como ha pasado con otros descalabros similares, las investigaciones parecen no avanzar. Se tiene que recordar que la corrupción no es solo embolsillarse los recursos del Estado, también es la falta de competencia, la ausencia de sentido común para tomar las decisiones y hacer que cueste millones de pesos. Por eso los organismos de control deberían prestar atención a situaciones como esta y no tardarse tanto. Ya se terminó el proceso de liquidación y no se conocen los responsables, no se sanciona a nadie y esto solo alimenta la impunidad.