Entendemos que buena parte de que Caldas sea un ejemplo de lo que debe ser el postconflicto tiene mucho más que ver con la bondad de sus habitantes, que con la realización de acciones del Estado para consolidar la paz en el territorio y que no reaparezcan los violentos que tanto daño causaron y dejaron secuelas de las que aún no nos recuperamos. Este valor civil y el apego a la tranquilidad que brinda la tierra es lo que se destaca de quienes se atrevieron a denunciar la presencia de cultivos de coca en viejas zonas de influencia de la guerrilla de las Farc, los mismos que ante la negación inicial del secretario de Gobierno de Caldas y de la Policía y al ver que apenas se quitaron unos cuantos cultivos y no los principales, enviaron cartas a Antioquia para ver si allá los apoyaban.
Esta semana se conoció que ahora sí el Ejército erradicó los cultivos que había denunciado LA PATRIA el 4 de agosto pasado: 8.850 matas. De hecho, en contactos con autoridades, algunas señalaron durante este tiempo que no entendían por qué la comunidad no les daba las coordenadas. Claro que es más fácil que los campesinos hablen con la prensa y con autoridades civiles que con quienes andan armados y, a pesar de ser Estado, pasarán por allí y los pueden luego dejar solos, tal como sucedió en otras épocas. Además, deberían ya entender los uniformados que para la comunidad es exponerse como carne de cañón de los violentos, que seguramente están detrás de los cultivos ilícitos y que pueden pasar cuenta de cobro por dejarlos sin su producto.
Esta lección de la coca en Caldas, cuando se celebraba ser uno de los dos departamentos sin este flagelo, debe llevar a reflexiones importantes dentro del Estado. Lo primero que se deberá mejorar son los controles y el monitoreo, para generar protocolos que le permitan a la comunidad denunciar de manera segura. También se tendrá que entrenar a las autoridades locales para que sepan cómo actuar ante las denuncias oportunas de la comunidad y que sepan escalar este tipo de problemas. En este caso, varias autoridades locales supieron del hecho, pero poco se hizo por solucionarlo lo más pronto para impedir que siguieran avanzando esas ilegalidades.
Lo más importante ahora es que el Estado proteja a las comunidades del oriente de Caldas en donde se encontraron los cultivos ilícitos. Que se deje a un lado esa manera tan propia del actual secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, de negar las amenazas que tiene el departamento, las quejas en varios sectores por presencia de pequeños grupos armados. Es hora también de que se disculpe con esos campesinos. Si no se actúa a tiempo, luego va a ser tarde para poder repeler la presencia de los ilegales.

Las gentes del oriente de Caldas, que son buenas por definición, que son campesinos arraigados a su tierra, merecen mucho más que solo la erradicación por su valentía para rechazar los procederes violentos. Deben tener acompañamiento permanente de las autoridades, deben recibir apoyo para sus proyectos productivos, deben lograr que se les reconozca por, a pesar de todas las tentaciones y todos los flagelos, se la juegan por la legalidad. Esas gentes son los verdaderos patriotas de este país, a los que se les debe rendir honores. Así debe reconocerlo el Estado.