La captura de la exsenadora Aida Merlano en Maracaibo (Venezuela) plantea un interesante desafío para ambos países, si se quiere lograr que no solo pague por sus delitos sino que se conozca toda la verdad alrededor del clientelismo, la corrupción y la complicidad de buena parte de la clase política colombiana con las prácticas por las que Merlano fue condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. La exparlamentaria barranquillera estaba prófuga desde el 1 de octubre del año pasado, cuando huyó por la ventana de un consultorio odontológico en una motocicleta, luego de burlar todos los controles del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). Así que también le espera en el país un proceso por fuga de presos.
Si realmente se quiere lograr la extradición de Merlano hay que encontrar los canales que conduzcan de manera efectiva a ese fin, sea por vías diplomáticas especiales o a través de organismos de justicia o policía internacional. Para eso hay tratados firmados en los que participan ambos países, cuyos efectos tienen que estar por encima de las afinidades políticas de los gobiernos de turno. Es muy poco probable que a través del presidente interino Juan Guaidó, a quien acudió ayer el gobierno del presidente Iván Duque, se llegue al cumplimiento de ese objetivo. De hecho, la respuesta de Guaidó, ayer mismo, dejó claro que no tiene más opción que desear que Maduro atienda el llamado de Colombia.
Conociendo el sarcasmo e ironía que maneja Maduro en sus discursos y sus actos, la actitud del ejecutivo colombiano y la respuesta de su principal opositor solo le dará más argumentos para burlarse de nuestro país, vergüenza en la que nuestro gobierno no debió darle gusto. Desde el punto de vista legal existen, seguramente, herramientas para aproximarse a las autoridades venezolanas y cumplir con los principios de cooperación judicial que deben considerarse en estos casos. Inclusive, buscar mediadores entre los amigos de Maduro, para este tema específico, podría ser una buena herramienta, pero al parecer, se escogió el camino más largo y traumático, el que tiene menos posibilidades de arrojar resultados.
La actual situación debería aprovecharse, por el contrario, para reenfocar las relaciones con Venezuela que, querámoslo o no, será nuestro vecino para siempre, y con el que debemos buscar caminos de entendimiento aún en los momentos más difíciles, como el actual. Hemos visto cómo las otras alternativas ensayadas para tratar de sacar a Maduro de ese país han sido infructuosas. Tal vez la única manera de hallar una salida que sea conveniente para los venezolanos y los colombianos sea buscar fórmulas para no solo traer a Merlano extraditada, sino para que se logren unas elecciones presidenciales anticipadas, por ejemplo.
Ahora bien, no podemos ignorar que más allá de los asuntos diplomáticos y legales, hay un fuerte trasfondo político sobre este caso, que Maduro querrá aprovechar, seguramente. El hecho de que, posiblemente, los políticos que rodearon a Merlano cuando se descubrió su trama de corrupción son vitales para las mayorías que necesita el presidente Duque para su gobernabilidad, y tal vez para la continuidad de sus programas, la coyuntura podrá ser usada por el líder venezolano para tratar de incidir en la política interna colombiana.

Si no existiera esta probable dosis de chantaje, bien podría ocurrir lo que pasó en septiembre del 2018, cuando Juan Carlos Sánchez Latorre, alias Lobo Feroz (señalado de abusar sexualmente de unas 200 menores de edad en Barranquilla), fue enviado por Maduro a Colombia. Ojalá haya sensatez en ambos lados y se avance hacia escenarios que no nos dejen atascados en una sinsalida.