El Registro Nacional de Desaparecidos señala que hasta ayer se contabilizaban en Colombia 2.311 hombres y 1.470 mujeres desaparecidas durante el 2018. De acuerdo con la Unidad Nacional de Víctimas, de las 8,4 millones de personas que están en las bases de datos como víctimas del conflicto armado, 171.113 sufrieron desaparición forzada. Por la tragedia que esta situación representa para las familias es que en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, producto del acuerdo de paz de La Habana, fue creada la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que trabaja actualmente para esclarecer el paradero de aquellos que salieron un día de sus casas y nunca más se supo de ellos.
La gran mayoría de casos que se mantienen en el registro acumulado corresponden a personas que se presume fueron víctimas de actores armados ilegales que han alimentado el conflicto en las décadas recientes, sobre todo en los 90 del siglo pasado y al comienzo del actual siglo. No obstante, al observar las 3.781 desapariciones reportadas este año en el país, que inclusive son cerca de 350 más que las reportadas durante el 2017, vemos que el fenómeno en lugar de descender aumenta, y que muchos de estos casos corresponden a fenómenos distintos a los que existieron en el pasado, cuando había confrontaciones abiertas entre guerrillas y paramilitares, y de estos con las Fuerzas Militares, y los civiles en medio del campo de batalla eran los que más sufrían las consecuencias.
Como cada final de año, el pasado jueves publicamos en LA PATRIA un informe especial con los rostros de quienes siguen desaparecidos. Este año fueron 1.330 personas (el año pasado 1.273), que corresponden a la información entregada por la Fiscalía, que es muy inferior al acumulado de Caldas en el registro de desaparecidos, que alcanza los 2.025. En numerosos casos es posible hallar cadáveres, pero el cuello de botella es su identificación. Es lo que ocurrió luego de los acuerdos del Gobierno con los paramilitares en el 2005, cuando los desmovilizados aportaron algunas informaciones que llevaron a fosas comunes, de las que se recuperaron cerca de 9 mil cuerpos. No obstante, la gran mayoría, unos 7.500 siguen sin identidad, lo que evidencia las dificultades para poder decirles a la mayoría de las familias de los desaparecidos que se tiene un esclarecimiento, así sea mínimo, de lo ocurrido con sus seres queridos.
A esto hay que sumar las inconsistencias en las cifras, ya que las del Registro Nacional de Desaparecidos no son las mismas que las manejadas por la Fiscalía, y tampoco hay coincidencia con los registros de la Unidad de Víctimas, como se evidencia en el caso de Caldas. El gran desafío que se tiene es poder cruzar todas esas informaciones y empezar a darles rostro que conduzcan a que la ausencia planteada por familiares encaje con los casos concretos que se vayan develando producto de las investigaciones. Este es un punto crítico, en el que se mezcla el caos administrativo que se le ha dado a este asunto y la desconfianza de las familias, muchas de la cuales han terminado amenazadas después de haber acudido a denunciar los hechos que desembocaron en las desapariciones.

Nuestra esperanza es que las investigaciones lleven no solo a identificar cadáveres, sino incluso a encontrar vivos a muchos que llevan décadas sin que sus familiares sepan de su paradero. En esta época en la que muchas personas logran reunirse alegremente a despedir el año y a esperar el próximo, debemos pensar en aquellos hogares en los que impera un enorme vacío por aquellos que nunca volvieron, y ser solidarios con sus sentimientos.