La contratación pública es la manera mediante la cual el Estado puede poner en funcionamiento la administración y de ahí su importancia. Desde hace años la ley ha intentado poner unas reglas claras que permitan respetar los principios básicos para garantizar que se cumpla con estándares que dificulten la corrupción en este proceso. No obstante, no ha sido una tarea fácil y, a pesar de los esfuerzos, siguen teniendo los contratos un riesgo alto de corrupción, en la medida en que se busquen esguinces para cumplir con los mandamientos de las normas.
La semana pasada se aprobaron en el Congreso de la República los llamados pliegos tipo, una nueva forma de asegurar que haya transparencia en la contratación pública y en contra de los pliegos sastre, esos que se hacen para que solo le sirva a una firma o a una persona. La realidad es que para que haya corrupción se necesita de corruptos, y si estos quieren corromper y corromperse encontrarán las maneras por más normas y cortapisas que se pongan. Dicho esto, de todas maneras son bienvenidas las leyes que dificultan la tarea a quien se quiera torcer, pero es importante insistir en que hay que trabajar más para que la sociedad asuma valores de probidad.
Colombia tiene identificados los factores que pueden poner en riesgo de corrupción la contratación pública, pero cuesta poner en práctica los usos que lo impidan. Cualquier esfuerzo que se haga para prevenir que se dilapiden o se roben los recursos públicos es necesario. Esta semana una comisión deberá redactar el documento final, tras una conciliación entre lo aprobado en el Senado y lo propio en la Cámara de Representantes, para que se definan los pliegos tipo en el país, en contra de los pliegos sastre, hechos a la medida de contratistas.
Aunque el gremio de la infraestructura ha mostrado reticencias porque en el documento final se dijo que Colombia Compra Eficiente deberá acordar con departamentos y municipios los pliegos tipo, sería absurdo pretender que se fijen solo desde Bogotá, en donde se puede buscar excluir a contratistas locales, que claramente irrigan desarrollo y empleo en su territorio. Por esto, bien hizo el Congreso en escuchar a quienes se quejaban de dejar todo en manos de la tecnocracia bogotana. Esto debe verse en el sentido que se pretende, y recordar que la corrupción no es asunto exclusivo de las regiones, como de manera chocante lo quieren hacer ver algunos centralistas.
En los cinco años que la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA llevan poniéndole la Lupa a la contratación hemos logrado algunos avances en los administradores, pero claramente falta mucho por hacer. El informe publicado el domingo pasado en estas páginas sobre la contratación de los últimos dos años en la Gobernación de Caldas demuestra que sigue habiendo predilección por hacerlo de manera directa, y que a pesar de la intención del gobernador saliente de que se use el Secop 2 para toda la Administración, esto ha sido imposible de lograr por falta de decisión de varios de sus secretarios y gerentes de institutos descentralizados.

En la medida en que la contratación sea transparente y equitativa se tendrá seguro más confianza en el Estado. Así lo han demostrado actuaciones como las emprendidas por Corpocaldas, por Aguas de Manizales, por la Secretaría de Caldas en su momento. Mayor número de proponentes es también mayores posibilidades de escoger el mejor contratista posible. Por este motivo, es que confiamos en que la selección objetiva se mejore no solo en la Gobernación, sino en todas las dependencias públicas. Los pliegos tipo vienen a dar una mano, pero lo importante es que que los funcionarios demuestren su probidad.