Después de tres meses de estar paralizada, debido a la cuarentena obligada por la pandemia de covid-19, desde ayer regresaron los despachos judiciales, siguiendo la directriz del Consejo Superior de la Judicatura. Para tal reapertura, este organismo que administra la Rama Judicial, dice haber adoptado todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud para garantizar que se tendrán en sus despachos mínimos riesgos de contagio de la enfermedad.
Esta era una decisión muy esperada, ya que a las acostumbradas demoras de nuestro aparato de justicia, la actual emergencia sanitaria le sumó más alimento a su paquidermia. La idea es que ahora, con el apoyo de la tecnología, se busque descongestionar todo aquello que no se hizo desde marzo, y establecer un modelo de trabajo que permita el funcionamiento óptimo de todas esas oficinas, tomando conciencia de que las cosas tendrán que hacerse de manera distinta a lo habitual.
Desde luego que habrá casos en los que sea necesaria la presencia de las personas involucradas, pero en ese sentido solo el 20% de la capacidad de las salas podrá ocuparse, y este tipo de diligencias solo podrá hacerse con citas previas. Por ejemplo, las audiencias en juzgados de conocimiento con personas privadas de la libertad deberán usar mecanismos virtuales. En los de control de garantías también deberá garantizarse toda la bioseguridad. El trabajo desde casa para la gran mayoría de funcionarios es algo que debe mantenerse y fomentarse, y que ello implique una mayor eficiencia a la hora de resolver los casos.
El sistema judicial, tan apegado a las montañas de documentos físicos, tendrá que migrar hacia una mayor digitalización de la información, lo que demandará mayores esfuerzos. Eso también puede ayudar a brindar un mayor orden a la hora de manipular y archivar documentos. Obviamente habrá que hacer mayores inversiones en equipos y conectividad para que todo fluya de la mejor manera. Hay que destrabar de una vez por todas la muy necesaria modernización del aparato de justicia.
Lo fundamental es que la justicia funcione, al mismo tiempo que los funcionarios de la Rama cuiden su salud y la de las personas que se desplazan a los despachos. Para el ciudadano común el desafío es tener una inmersión mayor en las nuevas tecnologías para solicitar servicios y hacer seguimientos, sin necesidad de salir de su casa. Bajo estos parámetros, la administración de justicia debe mejorar y ser más cercana a los ciudadanos.
La idea es que desde casa, las personas la tengan a su alcance de manera ágil y rápida y con resultados que muestren dinamismo y compromiso con aportar soluciones eficaces y prontas a la sociedad. Los ciudadanos tenemos la oportunidad de acceder para interponer tutelas, demandas, recursos y demás acciones haciendo solo uso de canales electrónicos. Nuestro sistema judicial debe actuar a la altura de esos desafíos, a tal punto que la virtualidad ayude a que se reduzca el tiempo exagerado que demoran los procesos.
