La organización Human Rights Watch - HRW- advirtió que el Eln, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas, entre otras organizaciones armadas ilegales, han incrementado su presencia violenta en el país durante la actual pandemia de covid-19. Estos grupos criminales implantaron un régimen de terror en 11 de los 32 departamentos, con una grave afectación para las comunidades, que se encuentran prácticamente secuestradas por sus acciones violentas.
Los mayores problemas afectan, principalmente, a los departamentos de Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo, pero también a Arauca, Bolívar, Caquetá, Chocó, Huila y Norte de Santander. En todas estas zonas quienes no obedezcan las órdenes de quienes manejan estas agrupaciones criminales corren el riesgo de ser asesinados sin ningún escrúpulo.
Aunque la Fiscalía y la Policía conocen de estos hechos, no brindan protección efectiva a los civiles, lo cual se ve reflejado en nueve personas asesinadas por estas agrupaciones criminales entre marzo y junio de este año. Estos hechos reflejan la incapacidad del Estado para ejercer un control territorial y atender las necesidades de las comunidades que habitan esos lugares. El dominio de los violentos en esas zonas es tal que son ellos los que ordenan cuarentenas y toques de queda en medio de esta pandemia, con lo que las autoridades civiles elegidas popularmente quedan anuladas.
Hay un paraestado criminal que manda en muchos lugares de Colombia; son las mismas regiones en las que son bastante fértiles las economías ilegales del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, entre otras actividades que ejercen mafias nacionales y multinacionales que actúan con relativa libertad, sin que las instituciones legítimas del Estado puedan contener sus acciones.
Esto es algo que necesita de una intervención estratégica más decidida, liderada por el Gobierno Nacional, que no solo implique acciones militares, sino también programas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los pobladores de esas regiones. Solo si se logra que las comunidades se sientan amparadas y protegidas será posible sacar de allí a los ilegales, y cerrarles todos los caminos a sus actuaciones delictivas.
Hay que actuar también con una justicia eficaz que acabe con la impunidad que impera en esas zonas. Si hay escarmiento para quienes delinquen podemos tener la esperanza de reconquistar tales territorios y ganar la batalla contra el crimen; de otra manera cualquier intervención será solo un paño de agua tibia. Hay informes de la Defensoría del Pueblo que señalan de manera clara a los responsables de estos hechos, quienes deberían ser capturados y judicializados como se debe. Cuidar a esas comunidades es, además, una exigencia del Derecho Internacional Humanitario, que debe cumplirse.

Según el informe de HRW nunca antes se había visto que grupos irregulares actuaran con tanta libertad en el país, lo que constituye un llamado a reaccionar con contundencia. Eso también exige depurar las Fuerzas Militares, donde varios de sus mandos, infortunadamente, han resultado ser cómplices de los criminales. Mientras ello persista se les estará dando ventajas a las organizaciones del crimen.