La ONG Transparencia Internacional mostró esta semana su preocupación por el rumbo que está tomando en Colombia el equilibrio de poderes. El hecho de que la Fiscalía esté en manos de Francisco Barbosa, un jurista que salió de la Casa de Nariño y es amigo personal del presidente, Iván Duque; que la nueva procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, haya sido ministra de Justicia antes de ser escogida para ese cargo, y que el nuevo defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también fuera señalado por el presidente para esa posición, lleva a una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.
La ONG señala, inclusive, que el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, llegó al cargo poco después de que Duque asumió la Presidencia, con el respaldo de los mismos partidos que apoyaron al mandatario. Eso lleva a que en el Legislativo, donde también hay mayorías afines a la Casa de Nariño, los opositores al Gobierno aseguren que no hay garantías de imparcialidad en esos organismos, que deberían ser absolutamente independientes para poder cumplir con su papel de manera responsable, con total transparencia.
Con una Corte Suprema de Justicia también atacada por los sectores políticos afines al Ejecutivo, el panorama en el país es de una democracia coja, en la que una sola de las bases del trípode ostenta un peso específico de tal magnitud que, prácticamente, anula a las otras dos o las deja debilitadas.
El hecho de que el jefe natural de ese sector de la política, el expresidente Álvaro Uribe, señalado por la Corte de presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos, y detenido en su casa por ello, sea ahora juzgado por la Fiscalía, ofrece suspicacias basadas en ese desequilibrio de poder. Además, que Gabriel Ramón Jaimes, fiscal coordinador ante la Corte Suprema, sea el escogido por Barbosa para llevar el caso contra el expresidente, profundiza esas percepciones, dada su gran cercanía al exprocurador Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia ante la OEA.
Que los organismos que deben vigilar las actuaciones de la administración del presidente queden en manos de personas cercanas al jefe de Estado, es un mal mensaje, pues podría distorsionar los resultados de las investigaciones y procesos que desde esas instancias se ejecuten a contra personas de la entraña del mandatario. Preocupa también que los recién elegidos funcionarios en Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo tendrán períodos más allá del fin del gobierno de Duque, con lo que ese desequilibrio podrá terminar influyendo en los próximos comicios presidenciales, y más allá.
Para volver a equilibrar el sistema de pesos y contrapesos en el país se van a necesitar muchos años y, por el contrario, existe el riesgo de que este malsano esquema termine profundizándose en el futuro. Hay que defender los esquemas democráticos básicos, en los que los controles de la función pública no sean afines a quienes deben controlar, pues así gana no solo el adecuado ejercicio del poder sino que se legitiman sus actos, en un ambiente de legalidad y sana armonía.