Por sentir que no tenía garantías en la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se le sigue por supuesta manipulación de testigos, soborno y fraude procesal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a su curul en el Senado de la República. Con ellos abrió una nueva polémica alrededor de cuál será el curso que siga ahora ese proceso. El líder del Centro Democrático, que tiene medida de aseguramiento de detención domiciliaria, ordenada por el alto tribunal, busca con ello tener un juez diferente.
Su decisión ocurre luego de que en un medio de comunicación aseguró sentirse secuestrado por la Corte, a la que calificó como mafiosa, afirmaciones bastante duras, consideradas en sectores de la opinión como exageradas y calumniosas. Ahora bien, tras la renovación que se tuvo recientemente en ese tribunal, y al observar las hojas de vida y antecedentes de los magistrados de esa Corte, es fácil deducir que están allí los más serios juristas colombianos, y que su juicio tendría allí seguramente todas las garantías de imparcialidad y apego a la ley. Se puede considerar exagerada la decisión de la detención preventiva, pero aún en esa condición el expresidente ha podido expresarse con total libertad para descalificar el que, según él, ha sido un proceso en el que le han violado todos sus derechos.
Ahora bien, la decisión del exsenador es respetable y está amparada por la legislación. Esas mismas leyes son las que deben llevar a concluir si la investigación sigue en la Corte, por estar este asunto vinculado a sus actos como congresista; o si irá a la justicia ordinaria por ya no tener la investidura de senador; o incluso si será la Comisión de Acusaciones de la Cámara la que asuma el caso por ser Uribe Vélez un expresidente. Son diversas las posibilidades, pero en cualquier caso es un tema en el que los cauces de la institucionalidad deben ser respetados.
En la instancia que sea se debe consagrar el derecho que tiene el exsenador a un debido proceso, con total ajuste a las pruebas que posee la Corte y buscando que pese a la particularidad de los hechos en los que las situaciones políticas son inherentes, las decisiones que vengan solo tengan argumentos en estricto derecho. En ese mismo sentido, debemos considerar totalmente inoportuno que en medio de esta coyuntura se traten de impulsar cambios en el aparato de justicia por fuera de los mecanismos naturales. Una reforma de ese tipo solo debe darse por Acto Legislativo en el Congreso de la República.

El exsenador es libre, desde luego, de tener una estrategia de defensa con el propósito de probar su inocencia, pero eso debe estar alejado de la posibilidad de impulsar cambios que puedan interpretarse como la búsqueda de un beneficio por fuera de las actuales reglas de juego. El país está en un momento en el que es necesario hacer todos los esfuerzos para reforzar el respeto y la confianza en las instituciones, en lugar de apostar por el descrédito o por querer ver una hecatombe donde no la hay. En eso el Ejecutivo y el Legislativo deben tomar el camino correcto de coadyuvar a dotar de bases sólidas a todos los fundamentos de la democracia