El video divulgado ayer en el que los jefes guerrilleros Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña aparecen rodeados por un grupo de hombres armados, nos devolvió cerca de medio siglo en la historia, al referirse a la "segunda Marquetalia". Su discurso elaborado con frases trasnochadas, propias de la concepción marxista más retrógrada y sin sentido, es solo una cortina de humo frente a sus verdaderas intenciones de seguir lucrándose de los ríos de dinero que genera la vida mafiosa ligada al narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y toda clase de actividades criminales frente a las cuales el Estado colombiano se ha quedado corto en su erradicación.
Este anuncio no debe causar sorpresa, debido a la manera como se han dado los acontecimientos: un Márquez y un Paisa que rápidamente se marginaron del proceso y que no han dado la cara ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), un Romaña que ha tenido un comportamiento similar y un Santrich que, evidentemente, siguió delinquiendo después de la firma del acuerdo del Teatro Colón, razón por la cual evitó comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, en cuya audiencia sería capturado, con seguridad. Era previsible que este hecho podría darse, más cuando los disidentes tienen el patrocinio del régimen de Nicolás Maduro. Todos ellos, obviamente, deben ser expulsados de la JEP. En ese sentido, de manera acertada la presidenta de esa jurisdicción, Patricia Linares, se refirió al análisis que ayer mismo se haría del caso para tomar las decisiones correspondientes. 
Es normal en este tipo de procesos haya quienes no se acojan a lo pactado y conformen disidencias que se mantienen activas. Ya las organizaciones de Gentil Duarte y Guacho (este último fue dado de baja en diciembre pasado) anunciaron desde el 2016 que no acatarían lo acordado, y así se han mantenido al lado de otras organizaciones criminales como el Clan del Golfo. El Eln, con el que también se intentó un acuerdo de paz recientemente, se mantiene en regiones como el Chocó y el Catatumbo. Lo que se requiere ahora es que el Estado fortalezca su control de los territorios y se logre la desarticulación de esas agrupaciones armadas ilegales. Ya para Márquez y compañía no puede haber una futura oportunidad de salida política, al haber pisoteado la mano que se le tendió.
Por esto mismo, el gobierno del presidente Iván Duque debe dar un paso claro hacia la protección del Acuerdo de Paz y su rápida implementación; blindarlo y entregar a los excombatientes que cumplen cabalmente lo comprometido todas las garantías de que lo establecido allí les permitirá rehacer sus vidas en lo legal. Todos esos puntos pendientes, como el Desarrollo Agrario Integral, no puede tener más aplazamientos; los exdirigentes guerrilleros que actualmente hacen política sin armas deben ser acogidos con menos reticencia y permitirles hacer parte de la construcción de un futuro en paz, con una democracia fortalecida, en la que nadie muera por expresar sus ideas cualquiera que ellas sean.

Tiene Duque la oportunidad histórica de avanzar de manera real en el fortalecimiento institucional de Colombia y en la defensa de la posibilidad de tener un mejor país, más próspero y pacífico, o caer en la tentación de quienes de manera oportunista e irresponsable llaman a hundir el acuerdo, lo que empujaría a la guerra a muchos que hoy tienen dudas acerca de la conveniencia de seguir adelante. Se fabricaría así la hecatombe perfecta que tanto conviene a quienes prefieren los escenarios de la confrontación armada. Si bien hay que enfilar baterías en la lucha contra el crimen, con toda contundencia y energía, también hay que acelerar el paso para contener en la vida civil a quienes en el pasado empuñaron las armas y ahora construyen un nuevo futuro lejos de ellas.