Caldas sufrió muchísimo con la violencia guerrillera y paramilitar de la década de los 90 y comienzos de este siglo. Miles de personas tuvieron que salir de sus fincas y viviendas debido al terror sembrado por los grupos armados ilegales, que involucraron a los civiles en un conflicto que los llevó a sufrimientos que quedaron grabados en la historia como infames. Parte de esa tragedia fue ocasionada por las minas antipersonal sembradas en los campos, que dejaron lisiadas a cientos de personas, entre ellas muchos niños, o que incluso les arrebató la vida, cuando solo pretendían jugar al aire libre o desplazarse a su escuela, por ejemplo.
Por eso es satisfactorio y causa alborozo saber que se avanza a buen ritmo en el objetivo de erradicar esos artefactos de Caldas. Muchas personas que fueron desplazadas de sus terruños en aquellas épocas temen aún regresar, debido a que saben que en sus parcelas fueron sembradas estas minas, y que, pese a que ya no hay guerra en esos lugares, podrían terminarse convirtiendo en víctimas extemporáneas de un conflicto que nunca debió existir.
Ya en Samaná, Pensilvania y Marulanda, los municipios que más sufrieron el rigor de esa violencia absurda en el oriente caldense, se tiene el registro de un avance significativo, con amplias zonas despejadas, limpias de cualquier peligro, con lo que las víctimas pueden tener la confianza de volver y escribir una nueva historia de esperanza, con nuevas plantaciones de alimentos y productos que puedan comercializar para su propio sustento, y también para garantizar la seguridad alimentaria de la región.
Desde hace unos 10 años los batallones de desminado, coordinados desde el Batallón Ayacucho de Manizales, han venido avanzando, y ya están cerca de lograr el 100% del objetivo. Su tarea es dispendiosa y de peligro, porque cualquier paso en falso podría llevar a que se genere una nueva tragedia. Ya está claro que sembrar este tipo de bombas explosivas es muy fácil para los criminales, pero lograr su desactivación exige tiempo, recursos y muchísima cautela, para lograr el propósito de que esos artefactos no causen nuevas fatalidades.
En las estadísticas del conflicto se cuenta que 30 militares y 11 civiles fueron víctimas de estas minas en los tres municipios más afectados, pero que en el total del territorio caldense 46 civiles y 123 miembros de la fuerza pública terminaron gravemente heridos por su causa, para un total de 169. Sus historias son lamentables relatos de seres humanos que vieron truncados de manera radical sus proyectos y que llevarán para siempre ese mal recuerdo de la guerra, que los afectó en carne propia.

Por eso es tan importante que se siga garantizando la seguridad de todo el territorio, que se le ponga cerrojo a la posibilidad de que nuevos actores violentos puedan penetrar en esta región, que no se dejen prosperar cultivos ilegales, ni ninguna otra conducta delincuencial que vuelva a desestabilizarnos. Así como celebramos estar cerca de erradicar totalmente estos peligrosos artefactos, también llamamos a que entre todos evitemos que los criminales ganen terreno.