La Corte Constitucional estableció en el 2006 tres causales legales para el aborto en Colombia. Está claro que cuando el embarazo es producto de violación, la vida de la madre esté en riesgo o cuando haya evidencias de malformaciones en el feto será posible ejecutar este procedimiento quirúrgico en el sistema de salud, cuidando que se cumplan todos los protocolos que garanticen la salud de la mujer. Ahora el magistrado Alejandro Linares, al responder una demanda contra la sentencia del 2006, propone establecer la semana 16 como límite de tiempo para poder acudir al aborto por cualquiera de estos tres motivos.
Un punto complejo de su propuesta es la despenalización del aborto hasta la semana 12, sin que se tenga que cumplir con ninguna causal definida. Alrededor de esta propuesta crece el debate entre quienes consideran que la vida comienza desde la unión del óvulo con el espermatozoide y quienes hablan de vida humana cuando el feto ya cuenta con facultades básicas de sistema nervioso central, cerebro, órganos y, en general, actividades vitales y condiciones morfológicas muy definidas, aunque aún en proceso. Linares consultó a 22 instituciones y su concepto es afín a la tendencia mundial de reforzar derechos femeninos, en el sentido de que nadie, ni siquiera el Estado, puede entrometerse en decisiones de la vida privada de una mujer. Lo contrario es castigarla solo por serlo. 
La discusión en el seno de la Corte Constitucional alrededor de estas temáticas, que comenzará la próxima semana, promete ser apasionante y difícil, pero en esto se requiere reunir los mejores argumentos no solo desde el punto de vista moral, sino también los científicos más avanzados y hasta el sentido común de entender una realidad. Lo cierto hoy es que se siguen practicando abortos ilegales en el país en gran número, en condiciones de calidad que ponen en grave riesgo la vida de miles de mujeres, sobre todo jóvenes, que se ven enfrentadas a dilemas de enorme complejidad. Se calcula que anualmente hay 400.412 abortos en el país. 
En ese sentido, la mejor manera de evitar abortos ilegales, además de reglamentar en forma sensata esa realidad, es fortalecer los programas de acompañamiento a las adolescentes, bajo la premisa de que lo ideal es que una mujer que asuma la maternidad lo haga con el pleno convencimiento de quererlo, no porque se sienta obligada por ningún motivo. No puede llegarse al extremo del uso indiscriminado del aborto como una especie de método anticonceptivo, como tampoco calificar tales métodos como abortivos. Hay que tener gran cordura, confiamos en la idoneidad y sabiduría de los juristas que tienen esa responsabilidad en sus manos.
Hay estadísticas que evidencian que los ya numerosos abortos ilegales se dispararían si se derrumba la reglamentación actual. Una eventual prohibición solo favorecería a las clínicas clandestinas y perjudicaría de manera grave a miles de mujeres, sobre todo las más vulnerables, expuestas a morir en el quirófano o a sufrir secuelas irreversibles. Un referendo al respecto, como el que se está promoviendo, solo agravaría la situación al convertir en criminales a mujeres que son víctimas, en lugar de precisar lo que ya está aprobado desde hace 14 años.

El reciente caso de un aborto practicado por Profamilia a una mujer caucana que estaba en el séptimo mes de embarazo ha dado argumentos a muchos para mostrar el aborto en cualquier caso como algo monstruoso, y la verdad es que a esas alturas de gestación un aborto suena escandaloso e inmoral. Sin embargo, si se observan las circunstancias del caso, en las que desde muy temprano de la concepción la mujer buscó ayuda para abortar y no la encontró, resulta evidente que es mejor tener una reglamentación clara que prohibirlo totalmente o legalizarlo sin restricciones.