Atender la emergencia por la expansión de la Covid-19 requiere la inversión de cuantiosos recursos económicos, cerca de $15 billones en esta primera etapa que, obviamente, no estaban presupuestados y que tendrán que salir de diversas fuentes, incluidas nuevas deudas del Estado. Si un alto porcentaje de colombianos nos podríamos perjudicar con el contagio de esa enfermedad, lo más claro es que todos sufriremos el impacto negativo de los ajustes económicos que serán necesarios.
Para que las familias más pobres y vulnerables del país puedan soportar los efectos de la contracción económica inmediata, por efectos de la cuarentena obligatoria que se extenderá hasta el 27 de abril, el Gobierno Nacional impulsa varios programas como la devolución del IVA a un millón de familias y el llamado Ingreso Solidario, que pretende llegar a quienes no reciben apoyos permanentes a través de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, y que hoy necesitan ayudas.
En el caso de Ingreso Solidario, que corresponde a $160 mil para hogares que no los recibían, es una buena estrategia para garantizarles recursos para la compra de alimentos mientras dura el aislamiento social obligatorio. Hasta el sábado, según el presidente Iván Duque, 1,3 millones de familias habían recibido ese dinero, gracias a que están bancarizadas, y que el propósito es tener una cobertura total de 3 millones de hogares en los próximos días.
Para establecer los destinatarios de Ingreso Solidario, el Departamento Nacional de Planeación, en labor maratónica, cruzó varias bases de datos con el objetivo de llegar a buena parte de esos hogares que viven, principalmente, de actividades independientes informales. Ante denuncias acerca de irregularidades, debido a que aparecían nombres extraños de personas con números de cédula no menos sorprendentes, o que el beneficio estaba llegando a quienes no lo necesitan, fue necesaria la intervención de la Registraduría para depurar los datos. Dada la magnitud de las bases de datos, y la rapidez con que se están realizando los cruces, los problemas son entendibles, lo importante es que se identifiquen y se proceda con agilidad y seguridad con el resto de los giros.
Hay urgencia de apoyar a los más necesitados para que puedan cumplir la cuarentena sin exponer su salud y la de los demás. En este proceso no solo se necesita eficiencia y celeridad, sino pulcritud y transparencia; las denuncias deben ser investigadas y castigadas sin contemplaciones. Es inadmisible que haya manos criminales aprovechándose de la necesidad de los más pobres, Igualmente, no tienen presentación descuentos por servicios financieros en los dineros que se giran a través de los bancos, el monto debe llegar completo al beneficiario.

Sería infame hacer un mal uso de esos recursos o que queden en manos de quien no los necesita. Bajo el amparo de la emergencia prácticamente toda la contratación es directa, sin seguir las exigencias de la Ley 80, por lo que el riesgo es mayor. Los organismos de control deben estar atentos a todos los procesos contractuales y sancionar con severidad a quien quiera aprovecharse del momento.