Hace unos 10 años se pensaba que la Industria Licorera de Caldas (ILC), que por décadas fue el "banco del departamento", tenía un riesgoso horizonte debido a que se conjugaron variables que cada vez hacían más difícil el cumplimiento de su labor misional. Algunos inclusive pensaban que lo mejor era su venta. De hecho, las utilidades alcanzadas durante ese tiempo caían en forma vertiginosa y los efectos se sentían en las finanzas departamentales. Los malos manejos fueron tan evidentes que un gerente terminó enjuiciado y en la cárcel, y poco tiempo después el golpe presupuestal fue tan fuerte que Caldas terminó en Ley 550, como única alternativa para tratar de corregir el camino.
Hoy el panorama es muy distinto y el optimismo acerca de los buenos resultados de la ILC tienden a acrecentarse. Desde que regresó a la Gobernación Guido Echeverri y tomó la determinación de poner al frente de la empresa a un probado ejecutivo de resultados como Luis Roberto Rivas se han logrado avances significativos. No solo volvieron las utilidades y las transferencias de cifras importantes al presupuesto departamental sino que la salud financiera de la empresa se hizo palpable. A mediados del año la firma Fitch Ratings, que mide el nivel crediticio de las compañías, entregó una nueva calificación de A+ que la ubica como muy confiable y buen sujeto de crédito.
Se ha demostrado que lo público puede ser bien administrado con resultados de gran beneficio para las rentas departamentales. El crecimiento de la producción, la apertura de mercados y el excelente posicionamiento de los productos de la ILC hacen que hacia adelante se vea la posibilidad de ampliar los beneficios para todos los caldenses. No obstante, para ello habrá que avanzar hacia la fijación de parámetros corporativos consistentes que garanticen que ante un eventual cambio en la administración de la empresa, como en efecto ocurriría a finales del 2019, con la llegada de un nuevo gobernador, lo avanzado se consolide.
En ese sentido es fundamental el proyecto de ordenanza presentado por Echeverri a la Asamblea, en el que se contiene un Código de Buen Gobierno Corporativo en los Estatutos de la ILC. Resulta sano el traslado de las funciones de la gerencia a la Junta Directiva para la selección y terminación de contratos de comercialización y la protección del Plan Estratégico a largo plazo que se ejecuta. Esas iniciativas son sanas para cualquier tipo de empresa.
Hay que procurar blindar a la ILC frente a la politiquería que estuvo a punto de volverla inviable. En ese camino, la introducción de mecanismos más transparentes y la consolidación de responsabilidades de la Junta Directiva podrán extender su vida de ganancias por mucho tiempo. Si es posible lograr que la corrupción no regrese a la ILC los caldenses ganaremos, por eso debemos rechazar que desde algunos sectores políticos se quiera boicotear los cambios saludables que se plantean.

Los caldenses debemos tener presente que las utilidades de la ILC apalancan programas de educación y salud que se ejecutan desde la Gobernación, por lo que su protección sirve para que los recursos no terminen en los bolsillos de unos pocos. Quienes creen que este es un paso a la privatización, deben saber que es precisamente todo lo contrario. Acá se garantiza la propiedad pública de la empresa, pero manteniendo altos estándares administrativos que ofrezcan probidad y rentabilidad en sus resultados.