Hoy concluye en Medellín la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que este año se enfocó en analizar los problemas para la democracia en Venezuela y Nicaragua, y las dificultades para los derechos humanos en Colombia, donde los asesinatos de líderes sociales se convirtieron en un fenómeno que no han podido controlar las autoridades. También se habló de innovación para fortalecer el multilateralismo en el continente, tema fundamental para el futuro de la región, desde las perspectivas del desarrollo económico y la estabilidad política.
Volvió a sonar en este organismo el clamor acerca de liberar a Venezuela del régimen de Nicolás Maduro y el llamado de solidaridad con países como el nuestro, que es el mayor receptor de migrantes desde allí, lo cual genera presiones sociales y económicas internas que requieren la ayuda de la comunidad internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, encabezó las críticas a lo que ocurre en Venezuela, en donde no solo se viene atentando contra los principios básicos de la democracia, sino que hay una creciente violación de los derechos humanos orquestada desde el propio gobierno.
Frente al debilitamiento que ha sufrido el organismo continental en los últimos tiempos, donde su liderazgo es cuestionado por no lograr incidir en la solución de conflictos como el de Venezuela, la OEA tiene por delante la posibilidad de reinventarse en varios aspectos para poder incidir de manera más directa en todo aquello que puede generar desestabilización y nuevos problemas para el multilateralismo. El cierre de esta asamblea debe servir para concentrar todas aquellas conclusiones que ayuden a comprender las razones por las que siguen viéndose en América Latina esquemas dictatoriales, los cuales debieron haber quedado enterrados para siempre en el pasado.
En este mismo sentido, la realidad nicaragüense merece una vinculación más directa del organismo en la búsqueda de soluciones institucionales que aseguren la recuperación de la democracia en ese país centroamericano, donde la represión es responsable de múltiples muertes de opositores al régimen de Daniel Ortega y su polémica esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo. No debería pasar más tiempo sin que el gobierno de Nicaragua se vea forzado a permitir que la inconformidad del pueblo de ese país se exprese sin más restricciones, ojalá a través de nuevas elecciones libres en la que los opositores tengan la posibilidad de brindar un nuevo rumbo, menos confuso y negativo que el actual.
En el caso de Colombia, sería bueno que también la OEA se involucre de manera más directa y contundente en la búsqueda de alternativas que defiendan la vida de líderes que en diversas regiones de Colombia, sobre todo en las antiguas zonas del conflicto armado con las Farc, se hallan desprotegidos y sin que se encuentren salidas efectivas para evitar que sean asesinados. Desde luego que este lamentable fenómeno constituye una gravísima realidad que afecta de manera directa los derechos humanos en el país, y que está ligada al crimen organizado que se dedica a la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y múltiples conductas irregulares.

Una buena conclusión que debería lograrse en el último día del encuentro es que, al cumplirse 60 años de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, adscrita a la OEA, Colombia trabaje más a fondo con dicha comisión, para que sus acciones se traduzcan en el fin de la serie de homicidios que afectan a personas desarmadas, cuyo único pecado es comprometerse a denunciar abusos y exigir respeto. Con ello pisan callos de quienes tienen el interés de mantener el statu quo de la violencia, y buscan intimidar a cualquiera que se atreva a cuestionar sus abusos.