¿Se puede consumir licor o sustancias estupefacientes en espacios públicos? Ese es el debate en el que se encuentra el país una vez más, desde la semana pasada, cuando la Corte Constitucional decidió ratificar su sentencia para hacer respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los colombianos y dejar así sin efecto dos artículos del Código de Policía, que restringía el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas en espacios públicos, así como en escenarios deportivos y centros de salud. La decisión para muchos viola el derecho a la tranquilidad de otras personas. Los conflictos entre derechos forman parte de la cotidianidad de una sociedad y eso lo tiene claro el máximo tribunal defensor de la juridicidad en Colombia.
Lo que está en juego aquí no se puede juzgar desde las convicciones morales de una mayoría, porque no podemos imponer nuestras maneras de pensar a los demás. Pero así lo ven muchos, como una forma de afectarse las buenas costumbres o valores del pasado, que claramente no aportan al proceso que la sociedad necesita para mejorar la convivencia. Hay que mirar si se afectan realmente derechos como la seguridad o la diversión en espacios libres, que es lo que puede suceder por los desmanes que pueda generar el consumo de licor como temen alcaldes, o porque los distribuidores de drogas generen inseguridad en las zonas en donde distribuyen.
¿Se podría pensar en una reglamentación que prohíba en ciertos espacios públicos el consumo? Puede ser una salida, pero la decisión de la Corte ha sido tan consistente que se ve difícil que pueda llegar a tener validez. Por este motivo es mejor seguir educando, mantener las prohibiciones de consumo para los menores de edad y hacer control en los lugares en donde esto se presente, pero el prohibicionismo, está demostrado, de poco o nada sirve en asuntos como este, como en cambio sí lo hace la educación en la prevención. No se puede tratar de solucionar los problemas de salud pública con represión, porque se generan otros problemas.
Colombia debe seguir caminando hacia la despenalización del consumo de la marihuana, por ejemplo. No se puede dejar de perseguir al delincuente, al que se beneficia de la venta de las sustancias prohibidas, y esto solo terminará el día que se les quite el negocio, hoy de altísima rentabilidad, porque la ilegalidad los favorece. Lo que no tiene sentido es llenar las cárceles con consumidores. A este, el Estado lo debe acompañar y evitar que caiga en las redes de la delincuencia.

En Manizales, mientras duró la medida y hasta mayo la Policía realizó 4 mil 158 comparendos por consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes en lugares públicos, esto equivale a casi el 50% del total de multas impartidas con base en el Código. La norma como estaba tenía algo de draconiano, algo va de tomarse una cerveza con la familia en un parque a una parranda en donde se llegue a excesos y los desmanes están prohibidos, así como la perturbación con escándalos a los vecinos. Por este motivo, es falso que no haya herramientas para controlar los desórdenes. Lo que se debe hacer es buscar cómo lo público es apropiado por los ciudadanos con respeto y con tolerancia por los demás, pero para eso es necesario continuar en la senda de la educación de todos. Así no será necesario después intentar solo la vía sancionatoria.