la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido, sin duda, un valioso apoyo para Colombia en diversos aspectos. Como organismo multilateral hay una tradición, en su relación con nuestro país, de gran credibilidad en sus informes y de profundo respeto mutuo acerca de cómo enfrentar los puntos negativos que tenemos, los cuales no podemos tapar con un dedo. No obstante, eso no significa que su voz pueda convertirse en una especie de orden, y que sus posibles sugerencias asuman el tono de imposición.
Seguramente es fundamental que en el país se debata acerca del rol que deben tener las diferentes instituciones que hacen parte de la fuerza pública en un escenario en el que se pretende que avance más rápidamente la implementación del proceso de paz (en el que la ONU ha tenido un papel clave), pero asegurar que hay que mover la Policía Nacional de un ministerio a otro en la estructura del Estado, o que hay que acabar con el Esmad, son una perfecta imprudencia, que linda con el irrespeto y le resta credibilidad al organismo.
El presidente Iván Duque calificó acertadamente como "intromisión" lo dicho por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en esos dos puntos específicos. Ahora bien, eso no puede borrar lo mucho de verdad que hay, en general, en el documento presentado por el organismo, en el que no puede decirse que sean falsos los hechos que se anotan en cuanto a graves violaciones de los derechos humanos en nuestro país, o de problemas alrededor de la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, una cosa es reportarlos y describir posibles causas de lo que está ocurriendo, y otra es querer cogobernar el país.
No puede negarse que algunos miembros de la fuerza pública han caído en actos impropios de su actividad, con consecuencias nefastas. Tampoco puede negarse que el asesinato de líderes sociales en un grave problema aún por resolver, y frente al cual todavía no se toman medidas suficientes para ponerle fin. Las 36 masacres ocurridas el año pasado no pueden ignorarse, pero también, seguramente, hay avances significativos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Como lo dijo el mandatario, habrá que analizar con serenidad ese informe y, con sentido de autocrítica, aceptar los reparos que tienen sustentos bien validados.
El Gobierno tiene razón al advertir que el informe tiene una mirada sobre la violación de los derechos humanos en el país que no es equitativa, en el sentido de que no se aborda a profundidad la acción criminal y terrorista del Eln y de otras organizaciones armadas ilegales. Para que la credibilidad del organismo multilateral no se vea afectada y se conserve la tradición de mutuo respeto entre ambas instancias, es necesario que la ONU también reflexione acerca de la equivocación que cometió esta vez al excederse en sus planeamientos.

No es sano que ocurran este tipo de tensiones en nuestra política internacional, cuando lo que necesitamos es mantener una alianza productiva ante situaciones como la vivida frente a los vecinos venezolanos. Hay que buscar por los canales diplomáticos las claridades alrededor de este asunto, siempre de manera amistosa y propositiva. Además, eso fue lo acordado cuando el presidente Duque renovó la autorización de la presencia de esa oficina en nuestro país.