El 2019 ha sido un año especialmente traumático para las universidades públicas en el país, ya que en sus 12 meses tuvieron que acomodarse tres semestres académicos, el segundo del 2018 y los dos de este año. Eso ocurrió como consecuencia del largo paro del año pasado, que terminó con acuerdos de recursos por cerca de $5,8 billones adicionales para las universidades públicas hasta el 2022. Los directivos de estos centros de educación superior han manifestado que el problema de fondo está en la fórmula establecida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que implica recibir cada vez menos dineros de la Nación por cada estudiante matriculado.
Esta vez, y como una motivación de las muchas que tienen a miles de colombianos marchando en las ciudades desde hace una semana, los estudiantes universitarios afirman que hay incumplimiento del Gobierno Nacional en los compromisos financieros asumidos a finales del año pasado, lo que para los dirigentes estudiantiles es razón suficiente para mantener la protesta sin pausa, pese a que los rectores y directivos de las universidades les han sugerido hacer el esfuerzo de terminar correctamente este semestre, al cual solo le quedan tres semanas para su conclusión. No hacerlo hará que el traumatismo de este año se extienda hasta el año entrante.
Los estudiantes, sin embargo, se mantienen en la idea de enfocarse en las protestas, para evitar que la efervescencia del momento se apague y terminen diluidos los reclamos. De hecho, en Manizales, los estudiantes de la Universidad de Caldas y los de la sede de la Universidad Nacional decretaron asambleas permanentes e indefinidas, con el propósito de seguir haciendo marchas y ejecutando toda clase de protestas que, por fortuna, durante esta semana han transcurrido sin disturbios, y cuyas manifestaciones se han convertido más en desfiles culturales y carnavales al ritmo de las cacerolas, que en las típicas concentraciones con arengas repetitivas y pendencieras.
En estas determinaciones los jóvenes han contado con el respaldo de los profesores, quienes siguen asistiendo a los centros universitarios, pero en plan de mantener vivo el debate alrededor de las movilizaciones y sus motivaciones. Frente a este punto sería conveniente que ambos estamentos consideraran la posibilidad de mantener las actividades académicas, con el propósito de evitar el perjuicio de quienes, por ejemplo, no son de Manizales. Su número es bastante elevado y ante la incertidumbre tendrán que permanecer en la ciudad corriendo con gastos adicionales, que en gran parte de los casos obligarán a sus padres a doblar esfuerzos y hacer sacrificios. Haciendo un buen plan, sería posible terminar el semestre sin dejar de permanecer atentos de lo que ocurra con el paro que, seguramente, va para largo. 
Los directivos docentes han evidenciado que, en medio de necesidades reales de recursos para la educación superior pública, el cese de actividades representa un perjuicio más al problema financiero, ya que los gastos diarios de las universidades se mantienen, así no haya estudiantes en las aulas. De tal manera que si hoy se cuenta con un déficit presupuestal elevado, para el 2020 las cifras rojas van a incrementarse. 

Es comprensible que haya desconfianza frente a un Estado que se compromete y posteriormente incumple, como ocurre desde hace mucho tiempo en Colombia, no solo en el actual gobierno; sin embargo, también es verdad que son los mismos estudiantes los más perjudicados con la parálisis actual. Sería conveniente actuar con sensatez y encontrar un punto medio que garantice un cierre de año realmente satisfactorio.