Dos trinos del expresidente Álvaro Uribe grafican una situación que requiere profundas claridades. El primero fue escrito por el senador del Centro Democrático el 2 de mayo del año pasado, al conocerse el asesinato del llamado Ñeñe Hernández en Uberaba (Minas Gerais, Brasil), supuestamente por robarle un reloj Rolex. "Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil donde asistía a una feria ganadera", escribió en ese momento.
Tras estallar el escándalo por la supuesta compra de votos para la elección del presidente Iván Duque en la segunda vuelta de las elecciones del 2018, en cuyo ilícito Hernández habría participado, el mensaje de Uribe fue el siguiente: "Ñeñe Hernández: No fui amigo ni conocido de él; es posible que hubiera asistido a alguna reunión política; son todavía muchos los que se toman fotos conmigo. Cuando lo asesinaron los directivos del Cesar me pidieron una mención de duelo. Saqué un tuit". La misma inocencia de Uribe parecen compartirla algunos miembros del Ejército Nacional que transportaban a Hernández en aeronaves oficiales.
Así, el amigo de los ganaderos del Cesar, a los que no identifica Uribe, era un curtido delincuente que usaba la fachada de su esposa exreina nacional de la belleza (María Mónica Urbina), para filtrarse en altos círculos de la dirigencia del país. Ahora bien, el primer esposo de Urbina (Jhon Fabián Vélez) también era un mafioso que murió asesinado en el 2010. De acuerdo con la propia madre de Hernández, ofrecían 150 mil dólares por matar a su hijo, por lo que el móvil del atraco está en duda.
La Corte Suprema de Justicia, que ya le pidió a la Dijín los audios interceptados legalmente a conversaciones del Ñeñe, y que citó al exmandatario a indagatoria, tratará de cotejar versiones y acercarse a la verdad. Es llamativo que el organismo de investigación de la Policía Nacional le siguiera la pista a Hernández en junio del 2018 y que los políticos a los que acompañaba en toda clase de eventos, no tuvieran idea, presuntamente, de quién se trataba, pese a su cercanía con alias Marquitos Figueroa. 
Quien al parecer sí lo conocía bien era la relacionista y exasesora del senador Uribe María Clara "Caya" Daza, que habría sido el enlace para conseguir los recursos ($1.000 millones) que sirvieron para la compra de votos en la Costa Atlántica, como lo advirtió la prófuga Aida Merlano. La señora Daza, que fue citada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que entregue su versión de los hechos, salió del país esta semana sin que se conozca su paradero.
Es una lástima que el país vuelva a vivir este tipo de situaciones, donde el narcotráfico habría infiltrado la campaña presidencial, teniendo antecedentes tan dolorosos como el del Proceso 8.000 que tuvo tambaleando todo el tiempo al entonces presidente Ernesto Samper, a medidos de la década de los 90 del siglo pasado. Es el colmo que conociendo claramente los riesgos del involucramiento criminal en la política estemos repitiendo la historia.

Lo peor es que sea de nuevo una filtración a los medios la que permita iniciar las investigaciones, pese a que desde agosto del año pasado el informe de la Dijín llegó a la Fiscalía, donde no tuvo ningún trámite. Hay demasiadas dudas alrededor de este caso que ensombrece de nuevo la democracia colombiana y sobre el cual es necesario exigir prontas claridades.