Cerca de 7 mil armas dice tener registradas ya las Naciones Unidas, correspondientes a las que portan actualmente los guerrilleros de las Farc en proceso de desmovilización. "Prácticamente" ese proceso ya terminó, de acuerdo con el jefe de los observadores internacionales del organismo multilateral, general Javier Pérez Aquino. Eso implicaría que, cada uno de los hombres y mujeres concentrados en las zonas veredales registraron una sola arma. Se dice que el total de las armas que serán entregadas llegará a las 8 mil, no obstante eso contrasta con el dato que hace apenas un mes había dado el Gobierno Nacional, que había calculado una cifra de 14 mil.
Estas aparentes inconsistencias son las que llevan a algunos a plantear dudas frente a ese proceso, en el cual se exige total claridad y transparencia. Si la sociedad colombiana está dispuesta a que los guerrilleros puedan pagar penas menores y a que hagan política, es porque existe el compromiso de desarmarse totalmente y para siempre. También hay reparos frente a esta operación porque hasta el momento las Naciones Unidas han recibido solo 140 armas, cuando en los acuerdos de La Habana se estableció que para esta fecha ya debería estar entregado el 30% del total. De hecho, según los cronogramas, para comienzos del próximo mes tiene que estar el 60% en los contenedores especiales y el 100% al final de mayo.
También debería tenerse muy adelantada la destrucción del material inestable, igual que el trabajo de destrucción de las armas que se encuentran en caletas en distintos sectores del territorio nacional, pero aún no hay avances en eso debido a lo que Pérez Aquino llama "dificultad del proceso por la geografía y compleja seguridad". Estas son labores que deben agilizarse, no solo para acoplarse con los cronogramas, sino para devolverle la credibilidad total a estas acciones de desarme. Es vital que las Farc manifiesten que siguen comprometidas con el fin de la lucha armada, pero es más importante que no se vea una voluntad débil.
Evidentemente, esos son asuntos complejos que podrán sufrir algunos retrasos en su implementación, debido a situaciones logísticas y procedimentales no calculadas, como también ocurrió con el arribo de las tropas a las zonas veredales, pero lo que no puede ocurrir es que haya intención de dilatar más allá de lo tolerable o que no se garantice la transparencia total. Hay que agotar todos los esfuerzos posibles que conduzcan a que todo el material bélico que tenía las Farc quede en manos de la ONU, y que se pueda concretar en el futuro la construcción de los monumentos a la paz de los que se habla en los acuerdos.
En el mismo sentido, es clave que las Farc sigan entregando a la Cruz Roja Internacional los menores de edad que estaban en sus filas y que tienen que ser devueltos a sus hogares. Además, el Gobierno Nacional debe garantizar su acompañamiento con programas que les garantice la construcción de proyectos de vida productivos que los alejen de la posibilidad de ir a engrosar las bandas delincuenciales. Si van a salir de las Farc tiene que ser para que tengan nuevas oportunidades con las que hallen las herramientas para convertirse en adultos que aporten positivamente a sus hogares y a la sociedad colombiana, en general.

De igual manera, se espera mayor agilidad en la implementación de los acuerdos en el Congreso de la República, en donde ya han sido aprobadas importantes normas que abren el camino hacia transformaciones profundas en la política colombiana y en la construcción de la paz, pero quedan aún muchos temas vitales pendientes que no se han debatido. Al parecer, será necesario ampliar el plazo inicial dado al fast track, pero eso no puede ser justificación para no avanzar al ritmo que requiere la puesta en marcha del acuerdo de La Habana.