La Fiscalía General de la Nación anunció imputaciones y medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por presunto interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado, relacionados con la emergencia de salud pública por covid-19. Ya los alcaldes de Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera Gómez, y de Palocabildo (Tolima), Nelson Gómez, fueron capturados. 
 La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia también llamó a los gobernadores de San Andrés Islas, Everth Hawkins; de Arauca, José Facundo Castillo, y a Heydeer Palacio, de Guaviare, a interrogatorio en calidad de indiciados. Otros 14 gobernadores también serán citados a indagatorias. El 21% de las compras hechas durante la emergencia tendrían sobrecostos, según la Contraloría General de la República, entidad que también informó que el total de contratos de la emergencia asciende a $3,3 billones. 
 Entre los alcaldes implicados están los de Armenia y Calarcá, en el Eje Cafetero, y de hecho en el caso del mandatario de la capital quindiana, José Manuel Ríos, ya fue solicitada medida de aseguramiento por supuestas irregularidades en contratos que ascienden a $1.590 millones. Otros cuatro funcionarios de su administración fueron cobijados por la decisión. En días pasados la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia, renunció por las graves irregularidades en un contrato suscrito con la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por $350 millones.  
Las indagaciones hechas en conjunto por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, al lado de la Fiscalía, han sido vitales para hacerle seguimiento a toda la contratación relacionada con covid-19. De hecho, se tiene un reporte de 512 procesos disciplinarios en 26 gobernaciones y 272 alcaldías. 
 Además de los detrimentos que estas situaciones significarán para el fisco en varias regiones del país, lo cual es ya bastante grave, los costos de estos hechos de corrupción se elevarían de manera preocupante. Por llevar apenas meses de gobierno los posibles sancionados habría que gastar una millonada en elecciones atípicas, para elegir a nuevos alcaldes y gobernadores. Tendremos un elevado costo por haber elegido a mandatarios con pocos escrúpulos. 
 Como si fuera poco, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra 2 oficiales de la Armada Nacional y la empresa contratista, por un contrato para la compra de tapabocas. El capitán de navío Jaime Gómez González, la capitán de fragata Magda Constanza Moreno Doncel, y Anderson Gaminera Angulo, representante legal de la empresa contratista, Medivalle, son investigados. 
 
En contraste positivo para nuestra región, Caldas, al lado de otras 5 gobernaciones (Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y La Guajira) ha contratado sin sobrecostos los insumos y procesos para atender la emergencia, de acuerdo con la Contraloría. La Alcaldía de Manizales también fue resaltada por esa entidad por su transparencia, al lado de otras 8 alcaldías de capitales. No obstante, tendrá que aclarar un contrato realizado con Telecafé, que tiene algunos reparos.