57 homicidios por cada 100 mil habitantes es la tasa que arrojó Venezuela para el 2017, siendo el país suramericano con los niveles más altos de violencia, de acuerdo con un estudio presentado en Viena (Austria) por las Naciones Unidas. En toda América solo es superado por El Salvador (62,1). Esta cifra corresponde a una cruda radiografía de la grave situación que se vive en el vecino país, que en lugar de posibilidades de mejora cada día se pone peor. En la capital, Caracas, la situación es caótica, con 122 asesinatos por cada 100 mil habitantes, algo que nunca antes se había visto en esa ciudad.
En buena medida la causa de esa explosión de violencia tiene que ver con factores de desigualdad, desempleo, corrupción, inestabilidad política, estereotipos de género y crimen organizado. A Venezuela la atacan varios de estos fenómenos con bastante fuerza. Estos datos coinciden con el reciente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien criticó duramente la realidad venezolana en la que el régimen de Nicolás Maduro es protagonista de toda clase de abusos y violaciones, en las que la liberación reciente de unos 80 detenidos políticos, periodistas y magistrados no resulta suficiente para corregir el rumbo.
El informe de Bachelet habla claramente de la existencia de una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, lo que evidencia que hay muchas decisiones que deben tomarse desde el Ejecutivo para que ese oscuro panorama cambie. Lo ideal, inclusive, sería que se avanzara en el llamado anticipado de elecciones presidenciales, como se ha insistido, en las cuales haya total garantía de transparencia y veeduría internacional, para que quien esté al frente tenga total legitimidad y respeto no solo de los venezolanos, sino de la comunidad internacional.
No puede negarse que la crisis económica a la que fueron conducidos los venezolanos por el actual gobierno ha conducido a una afectación grave de sus derechos fundamentales a la salud y a la alimentación, lo que requiere medidas serias y contundentes que no dan espera. Las Naciones Unidas le entregaron a Maduro algunas recomendaciones que deben ser aplicadas para ponerle freno a esta emergencia, que ojalá sean atendidas sin evasivas y burlas, como ha pasado con quienes han criticado constructivamente los que ocurre en ese país. Las objeciones presentadas por el gobierno no ayudan en nada... ojalá recapacite y trabaje por las soluciones.
Bajo esta cruda realidad es llamativo que se anuncien nuevos diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición que lidera el autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, hecho que se concretará esta semana en Barbados, con la mediación del gobierno de Noruega. Ya en mayo pasado delegaciones de ambas partes se encontraron en Oslo, capital noruega, en busca de acercamientos, pero la verdad es que sigue reinando la incertidumbre y la incredulidad. Lo primero que debería hacer el régimen chavista es que disuelva su constituyente, acepte la existencia legítima de la Asamblea Nacional y deje de influir de manera tan descarada en el sistema judicial. 

Anteriores intentos de diálogo han fracasado, principalmente porque el gobierno no pretende ceder nada a cambio de que la oposición acepte su supuesta legitimidad. Ojalá que esta vez se avance y se logren resultados palpables que logren abrir un panorama posible. El gran temor es que Maduro aproveche para sacar ventaja y fortalecerse en el poder, mientras dilata las soluciones reales; a esto se suma el riesgo de que China, Rusia o Irán amplíen su influencia política y militar en esta parte de América. Colombia debe mantenerse atenta, buscando el regreso de la democracia a Venezuela, pero sin que ello implique fomentar o participar en salidas que estén por fuera del ámbito diplomático.