Desde las primeras semanas de este año, tanto la Gobernación de Caldas como la Alcaldía de Manizales comenzaron su trabajo de recoger propuestas de los distintos sectores para estructurar los respectivos planes de desarrollo. Inclusive, borradores de estos planes están en manos de la Asamblea y del Concejo para los respectivos debates, los cuales debieron suspenderse debido a la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia de la covid-19. Por fortuna, todavía pueden ser ajustados para sintonizarlos con las nuevas realidades, aunque para ello se espera que se autoricen ampliaciones en los tiempos ante la certeza de que no se podrá cumplir con todos los trámites en los plazos establecidos por ley.
Desde el Gobierno de Caldas y las Administración municipales en todo el departamento se tiene claro que deberán hacerse modificaciones a las inversiones, metas y programas que se tenían previstos, y que habrá que hacer mayores esfuerzos en las políticas de recuperación de los tejidos sociales y económicos que se verán seriamente afectados por la coyuntura. Serán necesarios cambios en los enfoques y hasta en las metas planteadas, los cuales vendrán acompañados de significativas modificaciones en los planes de inversiones. Las cifras de pobreza van a modificarse, con seguridad, después de la pandemia, y habrá que enfocar buena parte de los recursos para las familias de esa franja, e incluso evitar que hogares de clase media caigan a la pobreza.
Pese a la estrechez de los tiempos, el objetivo de las administraciones es que el 1 de mayo se tenga ya un documento consolidado para entregarlo a las corporaciones públicas, en donde diputados y concejales tendrán un mes para debatir y aprobar. Si el Departamento Nacional de Planeación (DNP) da luz verde para ampliar los plazos, habrían unas semanas más para la discusión y ajuste de los documentos. El gran desafío ahora es hacer mucho más con menos recursos, ya que muy seguramente caerá el recaudo de impuestos territoriales y algunos programas tendrán que reducirse o eliminarse.
Todo parece indicar, así mismo, que los dineros de regalías y los provenientes del Sistema General de Participaciones también se verán afectados, con lo que la financiación de los planes de desarrollo, se verá disminuida en una proporción significativa. Hay un nuevo escenario fiscal que obligará a un apretón del cinturón que no puede ignorarse, para que esos planes sean realizables. Esto también obliga a los mandatarios de la región a ser más eficientes en la gestión de nuevas fuentes de recursos para enfocarlos en evitar retrocesos en los indicadores sociales y de competitividad, y que por el contrario se pueda fomentar con ellos la reactivación económica.

El desafío para los alcaldes del departamento y el gobernador Luis Carlos Velásquez será liderar los ajustes en los planes de desarrollo tratando de mantener la esencia de los programas de gobierno que les propusieron a sus electores. Esperamos que, finalmente, la realidad regional no lleve a cambios demasiado radicales que impliquen dejar de concretar proyectos estratégicos de desarrollo.