La decisión de mantener la cuarentena hasta el 11 de mayo, pero al mismo tiempo abrir de manera gradual la economía es sensata y equilibrada. Debe recibir todo el apoyo desde los distintos sectores, porque poco hacemos tratando de garantizar la salud de la gente si eso implica que sus ingresos se deterioren de manera grave y que la economía se vaya al piso. Hay que lograr un equilibrio entre las dos cosas, que finalmente son interdependientes. De lo contrario se impondrá el caos.

Otra premisa verdadera es que la pandemia de covid-19 no tiene la misma gravedad en todas partes, lo que lógicamente también debería reflejarse en medidas diferenciales dependiendo de cómo está la situación en cada caso. Así las cosas, no es lo mismo tomar decisiones de apertura de sectores productivos en Manizales que en La Dorada, por ejemplo, ya que mientras en la capital caldense los reportes de contagio indican que se podría tener una posición más flexible, en el puerto caldense sobre el río Magdalena habría que tener más cautela y mantener rigurosas medidas de aislamiento social.

En el fondo, esa es la discusión que se tiene actualmente entre la Presidencia de la República y la Alcaldía de Bogotá. Tiene razón el Ejecutivo nacional al dictar medidas que apuntan a que las cosas empiecen a transitar hacia la normalidad, guardando las debidas precauciones y con bioseguridad, y en igual sentido podría interpretarse la posición de la alcaldesa, Claudia López, quien ve con preocupación las dificultades de lograr esas garantías en el transporte público, por ejemplo, cuando casi la mitad de las personas contagiadas en el país están registradas en esa ciudad. Ahora bien, sin duda, desde el punto de vista jurídico, lo que disponga el presidente Iván Duque en este caso debe ser acatado.

Este tipo de conflictos entre gobernantes deben ser resueltos, no obstante, echando mano de la dialéctica y la lógica, donde ambas partes cedan hasta donde sea posible, con el ánimo siempre de acertar en las decisiones. Ese es el mismo ejercicio que debe darse en las regiones, donde un gobernador, por ejemplo, no debe dictar medidas uniformes para todos los municipios del departamento, sino que cada alcalde pueda moverse en un marco normativo claro que le permita abrir más opciones productivas, en el caso de ausencia de registros de la enfermedad. La defensa de los empleos en estos casos pasa a ser lo fundamental y prioritario.

Es evidente que Bogotá, una ciudad con 8 millones de habitantes, 1.752 infectados y un riesgo de nuevos contagios latente, es diferente a los cerca de 900 municipios pequeños del resto del país que no tienen a nadie reportado con el virus. Las medidas de apertura del confinamiento no pueden ser las mismas, y eso tiene que considerarse. Manizales, por ejemplo, con 12 casos, 5 de los cuales ya están recuperados, y el resto en sus casas guardando la cuarentena, debe definir sus propias medidas de apertura, dentro de los límites que defina el Gobierno nacional, con los debidos controles y seguimiento para no echar a perder lo ganado hasta ahora, pero dándole la oportunidad a muchos de retomar sus actividades productivas.Cada caso debe considerarse de manera independiente y objetiva.