En enero del 2016, hace poco más de cuatro años, la Contraloría General de la República declaró nulo un proceso de responsabilidad fiscal que se abrió en el 2011, luego de que en agosto del 2010 la Corporación Cívica de Caldas y LA PATRIA denunciaron los lazos irregulares entre varios contratistas de las obras de Aerocafé y sus interventores, así como posibles sobrecostos. Fue una investigación que no terminó en nada en los organismos de investigación, pese a tenerse evidencias concretas de detrimento patrimonial, por hechos ocurridos en los años 2009 y 2010.
Bueno, eso ya es historia y no hubo culpables. En los últimos años el proyecto, manejado de manera más clara, avanza con pie firme para convertirse en realidad, tal y como lo prometió durante su campaña el actual presidente Iván Duque. De acuerdo con el actual cronograma, en octubre estaría saliendo la licitación internacional, la cual se adjudicaría en enero del próximo año, y poco después empezarían las obras de construcción del terminal aéreo, con miras a que se pueda terminar en el 2022.
Esta semana el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, lanzó cinco advertencias alrededor de asuntos que no estarían muy claros en el presente del proyecto. Eso volvió a poner un nubarrón gris sobre esta iniciativa y revivió los temores de que los avances alcanzados hasta ahora se puedan ver truncados de nuevo. Si se trata de anticiparse a señalar asuntos que requieren atención, para que no haya nuevos tropiezos en el proceso, estas observaciones son bienvenidas, porque el objetivo de la región tiene que ser que esta vez haya una transparencia a toda prueba en la ejecución de las obras, y que sea un proyecto con credibilidad ante posibles inversionistas privados.
Las observaciones hechas por el organismo de control se relacionan con el convenio de colaboración entre la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, la ANI, el Departamento de Caldas, el Municipio de Manizales y la Asociación Aeropuerto del Café, el cual no tiene mecanismos de seguimiento y verificación, según la Contraloría. También se critica la demora en la conformación del Patrimonio Autónomo que manejará los recursos; que los estudios y diseños puedan resultar invalidados por su obsolescencia, y que no se tenga aún un cierre financiero. Advierte, además, acerca de la inexistencia de un permiso de construcción, lo que podría entorpecer la iniciativa.

En este sentido resulta sano que, finalmente, el ente de control haya decidido, con la Aerocivil y Aerocafé, ejercer un acompañamiento al proyecto. Dicho seguimiento se haría por medio del contralor delegado de Infraestructura, Gabriel Jurado, y del contralor delegado de Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, sin que ello implique coadministrar. La idea que se plantea es que se haga un control preventivo y concomitante, en tiempo real, de todo el proceso que le queda pendiente al aeropuerto, y así garantizar que los recursos que se inviertan estén perfectamente blindados frente a posibles manejos corruptos, algo que sería absolutamente imperdonable.