Duele informar y comentar hechos como la violación de una niña indígena, de 13 años, de la comunidad del Resguardo Gitó Dokabú Embera Katío, del vecino departamento de Risaralda, por un grupo de ocho soldados del Batallón San Mateo, de Pereira.
Ver que quienes tienen la obligación de proteger a los colombianos son los que en situaciones como esta actúan como victimarios, protagonistas de actos horrendos, genera sentimientos no solo de indignación, sino también de profundo desaliento al ver hasta qué punto es capaz de llegar una auténtica manada de seres irracionales, pero también absolutamente insensibles. Además de los vejámenes a los que fue expuesta la menor, no cabe duda de que fue secuestrada durante un día y una noche para abusar de ella.
Al ser representantes del Estado, su comportamiento debería ser ejemplo para las comunidades. No obstante, con estos actos solo generan nuevas desconfianzas ante los ciudadanos y ponen mayores barreras a la posibilidad de que las instituciones del Estado sean vistas en forma positiva en el contexto general del país. El daño a la niña es, por completo, irreparable, no hay cómo restituir de manera real derechos, como se anuncia desde el Gobierno Nacional, y el perjuicio para la credibilidad del Estado en su conjunto también es de grandes dimensiones. No se puede menospreciar de ninguna manera la gravedad de lo ocurrido.
Si bien estos personajes aceptaron ayer ante la Fiscalía General de la Nación que sí abusaron sexualmente de la menor en el corregimiento de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico, en límites con Chocó, en este caso no puede haber ningún tipo de atenuantes en el castigo. Deben ser juzgados con las penas máximas de 60 años de prisión que permite el Código Penal para esta clase de crímenes, sin ningún tipo de beneficios así supuestamente tengan buenos comportamientos en la cárcel. Solo eso logrará algo de justicia, ya que prácticamente pasarán el resto de sus vidas encerrados.
Suena populista decir que se les aplique la cadena perpetua, la cual fue aprobada recientemente por el Congreso de la República y que todavía no es ley al faltarle aún la sanción del presidente Iván Duque, además de la revisión legal de la Corte Constitucional. Además, esa es una norma que todavía debe ser reglamentada desde el Ejecutivo, por lo que resulta inoportuno mencionar esa posibilidad en estos momentos.
Aunque esa nueva normatividad puede representar una especie de mayor escarmiento para quienes cometen este tipo de delitos, lo cierto es que en la práctica es casi lo mismo a lo que ya existe en materia de castigo, y lo fundamental es que en realidad haya condena ejemplar para los responsables. El problema real en este punto es que en la mayor parte de las veces los violadores no logran ser juzgados, debido a múltiples circunstancias.

En este caso específico, esperamos que no se argumente que tendrán tratamiento especial en alguna guarnición militar, ni nada por el estilo. Deben ir a una cárcel corriente, como todos los criminales que cometan estas acciones. No sería tolerable que se termine diluyendo en el tiempo la gravedad de algo tan deplorable.