La multa de $1.245 millones que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio a la empresa Rappi por vulnerar derechos de consumidores, como incumplimientos de normas de entregas, dobles cobros y venta de licor a menores de edad, es un precedente para que otras organizaciones eviten caer en estas malas prácticas y respeten a los usuarios.