El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó este miércoles (25 de marzo) una propuesta que prohíbe a los trabajadores de la ciudad aceptar segundos empleos que impliquen la aplicación de las leyes federales de inmigración.
En una votación unánime, el concejo aprobó la iniciativa que afecta a todos los empleados de la ciudad, incluidos los de tiempo parcial o del personal contratado por periodos cortos.
Los trabajadores no podrán tener vínculos laborales con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidas sus dependencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP), o con cualquier entidad o subcontratista dedicado a la aplicación de las leyes sobre inmigración irregular.
La ordenanza requiere la aprobación de la alcaldesa Karen Bass antes de que pueda entrar en vigor.
Los Ángeles ha aprobado varios proyectos para limitar la colaboración de sus empleados con las autoridades migratorias, tras las agresivas redadas de junio de 2025.
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Una iniciativa similar fue presentada el mes pasado en la Asamblea de California.
El proyecto de Ley de la Asamblea 1627 inhabilitaría a los actuales empleados del ICE para obtener futuros empleos en cualquier agencia policial estatal o local de California, así como trabajar como maestros, administradores o personal en escuelas públicas, incluidos los sistemas de la universidades del estado.
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