"Estamos en medio de un caos tributario, porque esto se vuelve como un Leviatán o un monstruo que se quiere tragar todo con el tema de los impuestos".
La advertencia la hizo Tulio Restrepo Rivera, consultor tributario, quien estuvo la semana pasada en Manizales dando una conferencia a los empresarios de la región sobre aspectos como el nuevo decreto de emergencia económica que presentó el Gobierno y con el cual espera recaudar cerca de $8,3 billones en total.
En diálogo con LA PATRIA, el experto llamó la atención sobre aspectos como el impuesto al patrimonio, incluido allí y con el cual se impactarán unas 15 mil empresas con un patrimonio líquido superior a los $10 mil 474 millones.
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Los más afectados
Solo con este pago de la banca y el sector extractivo, el estimativo de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) es que se van recaudar unos $6,3 billones, de los cuales $4,1 billones, el 65%, provienen de los sectores gravados con el 1,6%.
Los otros $2,2 billones provendrían de aquellos sujetos a la tarifa general del 0,5%, igualmente con el patrimonio líquido de $10 mil 474 millones.
Para Restrepo Rivera el efecto será muy grave, justo en un año electoral donde hay un mayor impacto, por lo que se estima un 2026 complicado y difícil para el sector empresarial del país.
El problema es mayor, como quiera que ese primer pago, el 50%, se tendrá que hacer este miércoles 1 de abril, y el otro 50% restante en mayo.
"Entonces va a ser muy complejo sacar esa plata para pagar, justo ahora que están encima las asambleas e inclusive a muchos pequeños inversionistas que viven de los dividendos se los tendrán que restringir porque no los pueden pagar porque no habrá caja", explicó.
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Desinversión
Según el experto, este efecto conducirá a que las empresas suspendan inversiones de este año e incluso el próximo año.
Se sumarían la inversión extranjera que podría congelar las opciones de llegar al país, pues lo primero que miran es cuántas son las tarifas de impuestos para poder localizarse o no.
"No hay hay duda de que esas inversiones que revisan todo, con este nuevo impuesto, bajo una tasa de renta del 35%, no verán viable estar aquí en Colombia", indicó.
Eso también conducirá a que haya mayor relocalización de empresas que piensan irse hacia otros países, como México, por ejemplo, para después enviar los productos terminados, acabando con la manufactura y producción en Colombia.
Eso hace que la seguridad económica y la llamada confianza inversionista se empiecen a perder.
"Con el incremento del salario mínimo, más esto se van aumentando las dificultades en sus estados de resultados o de ganancias y por ende, los inversionistas empiezan a tener un recelo, pues se suman los aranceles de Trump del 10% y del 50% Ecuador, todo lo cual va influir", insistió.
¿Es legal?
Restrepo Rivera coincidió con la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, quien puso en tela de juicio la legalidad de esta medida de emergencia económica, al considerar que esta solo se permite declarar cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por vías ordinaras.
"Más que ilegal es inconstitucional, hecho que lo definiría la Corte, tal y como pasó con el anterior decreto de emergencia el que está suspendido. Por ello es posible que también defina algo similar de manera parcial, defina algo sobre el patrimonio de las empresas y deje únicamente la normalización y unos alivios tributarios", advirtió.
El gravamen también incluiría universidades privadas como la Autónoma, sumado a las empresas que estaban en reorganización empresarial o en reorganización de pasivos.
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Las contradicciones
El experto también llamó la atención que si bien habría que pagar una parte este 1 de abril, el formulario donde se liquida el impuesto no ha salido.
"No sé si lo van a sacar un día antes para forzar el pago. Además va a depender mucho de las cajas de las compañías, porque si no tiene caja, pero de todas formas tiene que declarar tendrán que dejar ese pasivo a favor de la DIAN. ¿Qué más hace, hasta que haya plata para pagarlo?", se preguntó.
El otro riesgo, dijo, es que se pague, pero si la Corte declara su inexequibilidad, se tendría que determinar si hay devolución o no de lo que pagó. "De modo que ahí también está el riesgo de los empresarios cómo lo van a declarar".
Por eso consideró necesario que haya una respuesta o medida pronta de la Corte, aunque en medio de la situación política y electoral se complica la situación, advirtió. "Por eso estamos en medio de un caos tributario", reiteró.
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Los beneficios
En medio del actual impacto por el impuesto al patrimonio, el experto tributario resaltó que existen unos beneficios que las empresas o los contribuyentes deben aprovechar.
"Si tienen problemas con autoridades de impuestos pueden acercarse, aceptar lo que le dicen y pagar únicamente el 15% de la sanción en vez del 100% y pagar únicamente con un interés del 4,5% en vez del 24%. Entonces si la situación la considera perdida es mejor acogerse, pues además tiene un plazo para hacerlo hasta el 30 de abril".
También contó el llamado proceso de normalización de activos, pasivos o bienes omitidos que de pronto no declaró aquí o en el extranjero. En este caso pagaría una tarifa del 19%, con plazo hasta el 30 de julio. El riesgo es que si no lo incluye puede perder todo el capital de los bienes omitidos, aclaró.
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